Del 2 de enero al 14 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia recibió 638 causas nuevas e ingresaron 953 memoriales, afirmó Marco Ernesto Jaimes.
La Paz, 16 de febrero de 2024 (AEP).- El presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, advirtió ayer de daños incalculables sin la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales, pues la acumulación de causas llegaría a 4.113 hasta septiembre.
Solo desde el 2 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió 638 causas nuevas e ingresaron 953 memoriales. Tomando en cuenta las 5.379 causas nuevas de 2023, las 5.231 de 2022, las 5.127 de 2021 y las 4.682 de 2020, se calcula que hasta septiembre llegarán a 4.113. Para Jaimes, el daño al ciudadano “sería incalculable”.
“Las cifras comprenden a dos sujetos procesales que intervienen en los procesos, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta inmediata de los tribunales, hablamos de trabajadores que están pendientes del pago de sus beneficios sociales, hablamos de víctimas que esperan que la sentencia condenatoria de algún tribunal sea ejecutoriada”, argumentó.
Al referirse a los efectos de cada departamento, Jaimes destacó que el TSJ designó a más de 60 vocales de la jurisdicción ordinaria, quienes trabajan en cada uno de los nueve tribunales departamentales de Justicia en grado de apelación, procesos que van llegando al TSJ en última instancia.
“El TSJ en estos 29 días hábiles que van en lo que corre del año recibió 638 causas nuevas y 935 memoriales. Es un dato que queremos resaltar porque particularmente las salas de este TSJ se encuentran a la fecha sorteando estas causas, tramitando aquellos procesos y finalmente relacionando las causas conforme a procedimiento para finalmente publicar las resoluciones que correspondan en estos casos”, dijo.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los legisladores evistas y opositores exigen que se traten los proyectos de Ley 073 y 075, las cuales cesarían en sus cargos a los magistrados prorrogados y suspenderían plazos procesales mientras se organizan las elecciones judiciales, cuya ley fue promulgada por el presidente Luis Arce el 6 de febrero.
En la misma línea, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Oruro, Hernán Ocaña, advirtió de que una posible cesación de los cargos de los magistrados podría desencadenar en un “daño irreparable” para los litigantes.
“Lo que nos preocupan son aquellas manifestaciones de políticos, de sectores, sin comprender el perjuicio que se puede causar a la administración de justicia”, dijo.
