El expresidente del Concejo Pastor Cutile recibió igual sentencia, y otras dos personas fueron condenadas a 15 y dos años de privación de libertad.
La Paz, 05 de enero de 2024 (AEP). – El exalcalde de Ancoraimes Félix Huanca fue sentenciado ayer a 30 años de prisión por el asesinato de la concejal Juana Quispe, luego de un proceso judicial que duró 12 años. Otras tres personas también fueron condenadas.
El expresidente del Concejo Municipal Pastor Cutile fue condenado a 30 años de prisión de libertad; la exvicepresidenta del concejo Basilia Ramos fue sentenciada a 15 años; y Exalta Arismendi a dos años, informó la abogada Valkiria Lira.
Las sentencias condenatorias fueron expedidas por el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz. Según Lira, Huanca y Cutile por su participación directa en el asesinato de Quispe; y Ramos y Arismendi por autoría intelectual.
“En 2010 ella fue elegida como concejala de Ancoraimes, pero pertenecía a una sigla distinta a la de Félix Huanca y Pastor Cutile (...) Era de la oposición, y ella declaró que iba a fiscalizar. Ellos querían anular sus derechos políticos haciéndole renunciar u hostigándola para que no ingrese a las sesiones (del Concejo). La golpearon con látigos, le echaron cemento en los ojos, la amenazaban de muerte, la denigraban y ella se fue quejando porque no podía ejercer su derecho de concejala electa”, dijo la abogada.
Recordó que en 2010 Quispe presentó una acción de amparo constitucional que salió a su favor ordenando que se respeten sus derechos. Desde junio de 2010 a enero de 2012 no se respetaron sus derechos pese a tener una orden del Tribunal Constitucional.
“Todo el tiempo la amenazaban con que la iban a matar si es que ella ejercía ese derecho”, argumentó.
Isidro P., un testigo de los hechos, apuntó a que el alcalde Huanca le confesó que por presión política de su entorno contrató a sicarios para quitarle la vida a Quispe, recordó Lira.
Su cuerpo sin vida fue encontrado el 12 de marzo de 2012 en el río Orkojahuira, en La Paz, con visibles signos de haber sido estrangulada. Sus restos fueron llevados y sepultados en su natal Ancoraimes.
Originaria de la comunidad Llojllata Laymini, era muy respetada y apreciada por su comunidad, solo así se explica que ganara una concejalía.
EMBOSCADA
Se conoce que llegó a La Paz para participar en una jornada por el acullico. “Le hacen una emboscada en la marcha del acullico, que fue pública, y la invitan a almorzar sus enemigos. Al día siguiente su cuerpo es encontrado sin vida (…) La matan por odio político”, rememoró Lira, abogada de la familia de la víctima.
La abogada destacó que el proceso judicial avanzó por el apoyo de colectivos que respaldan los derechos de la mujer, como el Ministerio de Justicia y parlamentarias.
Las investigaciones identificaron a Huanca, Cutile y Ramos como los autores del asesinato de Quispe. El juicio comenzó en febrero de 2023 y el 4 de enero de 2024 se leyó la sentencia condenatoria contra los responsables. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 9 de enero.
El asesinato de la concejala Quispe marcó un antes y un después en la lucha por los derechos políticos de las mujeres en Bolivia. Se redactó y puso en vigencia la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, justamente, para protegerlas y garantizar el ejercicio de sus mandatos.
Reportan 47 denuncias por acoso y violencia
Los casos de acoso y violencia política registrados por el Órgano Electoral ascendieron a 47 en todo el territorio nacional durante 2023, informó ayer el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.
“En el campo político persiste el acoso y violencia política hacia las mujeres, eso no podemos negarlo. Este año las denuncias en ese ámbito llegaron a 47”, dijo la autoridad durante el informe de gestión y de rendición pública 2023.
En el caso de renuncias, según Vargas, se registró a 23 mujeres que dejaron su cargo. La mencionada cifra podría ser consecuencia de los “acuerdos de gestión compartida” aplicados por algunos representantes de organizaciones políticas como estrategia.
“El acuerdo de gestión compartida está al margen de la ley, (es una) estrategia informal para vulnerar los derechos políticos de las mujeres electas, porque los ciudadanos han elegido a sus autoridades ya sean estas titulares o suplentes por un periodo de cinco años”, sostuvo el vicepresidente del TSE.
Vargas dijo que la Unidad de Género del Órgano Electoral implementó acciones estratégicas orientadas a la prevención del acoso y la violencia política vinculadas al trabajo directo con representantes de organizaciones políticas, autoridades electas y organizaciones de los pueblos indígenas originarios.
El Observatorio de Paridad Democrática, desde enero hasta el 17 de noviembre de 2023, registró 37 denuncias de acoso y violencia política. La Paz y Cochabamba registraron 11 casos; Santa Cruz, siete; Potosí, cinco; Chuquisaca, dos; y Beni, una denuncia.
En la inauguración del Año Electoral 2024, el TSE declaró a esta gestión como Año de la Democracia Intercultural y Paritaria Libre de Acoso y Violencia Política contra las Mujeres en Función Política Pública.
Vargas señaló que se implementará una estrategia destinada a informar y capacitar sobre los derechos políticos de las mujeres y los peligros por acoso y violencia política.
