Es el primer caso registrado en esa región bajo la norma que sanciona con hasta 15 años de cárcel la difusión y producción de contenido sexual con menores.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó sobre la aprehensión de Juan S. G., de 31 años, acusado del delito de producción de material de abuso sexual de niña, niño o adolescente, tipificado en la Ley N° 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.
Se trata del primer caso denunciado en el departamento bajo este nuevo tipo penal.
El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que el Ministerio Público formalizará la imputación por este delito con el fin de proteger integralmente los derechos de la víctima, una niña de apenas nueve años.
De acuerdo con el informe preliminar, el acusado habría colocado una cámara oculta para filmar a la menor mientras se duchaba en su domicilio, ubicado en el municipio de Yapacaní.
La niña notó movimientos sospechosos cerca de un orificio en la puerta del baño y, al descubrir el dispositivo, avisó de inmediato a su madre, quien presentó la denuncia ante las autoridades.
El sujeto fue aprehendido y permanece bajo custodia policial, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
La Ley 1636, promulgada recientemente, busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales cometidos en entornos digitales, como el grooming, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil y el contacto indebido con fines sexuales.
Esta norma establece sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes produzcan, distribuyan o comercialicen contenido digital que exhiba las partes íntimas de menores o implique actos de exhibicionismo corporal con fines económicos.
El Ministerio Público resaltó que la aplicación de esta nueva legislación marca un precedente en la lucha contra los delitos sexuales digitales, reforzando el compromiso de las instituciones del Estado con la protección de la niñez y la adolescencia en el país.
Recordó que la denuncia oportuna de los padres y tutores es clave para frenar la expansión de este tipo de delitos y garantizar una respuesta inmediata de la justicia.
AEP