La Procuraría General del Estado (PGE) también cuestionó la decisión de los tribunales de El Alto y Sacaba y anunció que utilizará todos los recursos legales para revertir esa decisión.
La Paz, 11 de noviembre de 2023 (ABI). – La decisión de dos juzgados de declararse incompetentes para juzgar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez no es compartida por el Gobierno, por lo que fueron presentados tres recursos que franquean la ley para revertir esa situación, en la línea trazada de justicia para las víctimas de los hechos de sangre de 2019, aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
“No compartimos la decisión de estos juzgados, hemos tomado las acciones pertinentes como Gobierno en el ámbito de la Justicia. Ahora, ese tema, se encuentra en tribuales, por supuesto no es que ahí esté absolutamente definido lo que ha pasado. Nosotros seguiremos tomando las acciones correspondientes”, explicó en Bolivia Tv.
El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto y el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declararon incompetentes en diferentes audiencias para juzgar por la vía penal a Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba, respectivamente, en noviembre de 2019.
A través del estatal Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), que es parte de los demandantes, el Gobierno presentó ante los juzgados de ambos casos recursos de complementación y enmienda, como de apelación, informó.
Prada rechazó versiones en sentido de que el Gobierno busque la impunidad en estos casos y, por el contrario, aseguró que la administración de Luis Arce está comprometida con el principio de justicia para las víctimas del golpe de Estado y de las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murieron por disparos de armas de fuego.
Áñez se encuentra en la cárcel y con una sentencia de 10 años por la vulneración de las normas para hacerse del poder. Es la principal denunciada en las masacres de Sacaba y Senkata, porque los hechos se dieron bajo el amparo del decreto que eximía de responsabilidad penal a militares por los operativos para “restablecer el orden”.
La Procuraría General del Estado (PGE) también cuestionó la decisión de los tribunales de El Alto y Sacaba y anunció que utilizará todos los recursos legales para revertir esa decisión.
“Informes como del GIEI señalan las vulneraciones a los derechos humanos, las masacres, las ejecuciones sumarias y, por supuesto, que tiene que haber justicia”, afirmó Prada en alusión al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que califica de masacres las muertes en Sacaba y Senkata.
