La propuesta del Gobierno boliviano, que coincide con el decomiso de 30 fusiles de asalto, busca establecer estrategias conjuntas para la persecución de este delitos a nivel regional.
El Gobierno boliviano anunció su intención de proponer políticas regionales a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, adelantó la información a la televisora privada Red Dtv en vísperas de una importante reunión de la CAN, programada para mañana jueves.
Aguilera dijo que es importante abordar este problema desde una perspectiva regional, argumentando que el tráfico de armas trasciende las fronteras nacionales y requiere una respuesta coordinada.
"Hay que hablar de políticas que sean regionales, destinadas a impedir, por ejemplo, la venta de armas sin control", afirmó el viceministro.
Esta propuesta surge en el contexto de recientes decomisos de armas en la ciudad de Santa Cruz y en Oruro, en la frontera con Chile.
El pasado 19 de abril, agentes antidrogas descubrieron 30 fusiles automáticos de asalto modelo AR-10, calibre 7.62 milímetros, ocultos en cajas de cartón. Las armas, provenientes de Brasil, estaban desarmadas y listas para ser ensambladas. Su destino final era la región del trópico de Cochabamba, conocida por su densa selva amazónica.
En mayo, las fuerzas de lucha contra el contrabando decomisaron, por su parte, armas de grueso calibre capaces de penetrar chalecos antibalas y blindados.
Los cinco detenidos en relación al caso de los 30 fusiles de asalto revelaron, explicó Aguilera, que las armas estaban destinadas "a una organización criminal y al delito de narcotráfico".
El viceministro estimó que cada fusil podría alcanzar un valor de hasta 10,000 dólares en el mercado negro, subrayando la magnitud económica del tráfico ilícito de armas.
Aunque el decomiso de los fusiles se realizó el 19 de abril, la información no se hizo pública hasta el 22 de julio, casi tres meses después.
AEP/Mac
