Murillo, López y Lizárraga serán juzgados por la internación ilícita de agentes químicos a territorio nacional, el 16 de noviembre de 2019.
La Paz, 31 de agosto de 2023 (AEP).- La Fiscalía comunicó ayer que solicitará 30 años de prisión, sin derecho a indulto, para los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga por el delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes.
Serán juzgados por internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador, en la crisis de noviembre de 2019.
“Como Ministerio Público se ha emitido la acusación formal dentro del caso Gases Ecuador y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia”, manifestó ayer el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
También se tiene la solicitud de devolución de los agentes químicos de Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio oral.
Policías militares
El fiscal Anticorrupción Bladimir Bolívar explicó que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel.
Según la indagación del caso, el 15 de noviembre de 2019 tuvo lugar una reunión de los exministros acusados en el Palacio de Gobierno, junto al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante general de la Policía Boliviana y otras autoridades, en la que se abordó el tema de la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país.
De acuerdo con declaraciones testificales, la solicitud la hicieron López, exministro de Defensa; Murillo, exministro de Gobierno, a iniciativa de Lizárraga, exministra de Comunicación del gobierno de facto de Jeanine Añez.
El 16 de noviembre partió el avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo. Ese mismo día, Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, se comunicó con Bryan Berkman, indicándole que la adquisición de los gases se podía hacer a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS).
Según información del Ministerio de Gobierno, para la adquisición de los agentes químicos se destinaron $us 5,7 millones, de los que $us 3,3 millones se pagaron a la empresa y $us 2,3 millones a la intermediaria que formó parte de la organización armada por Murillo y sus cómplices.
Se utilizó el sistema bancario estadounidense para llevarse el dinero producto del sobreprecio en la compra del material antidisturbio. El exministro fue detenido y sentenciado a más de cinco años de cárcel. Sus cómplices Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida y fueron condenados.
López se encuentra en Brasil y Lizárraga en EEUU.
