La plataforma www.observatorio.gob.bo es una iniciativa del Ministerio de Justicia en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción.
La Paz, 09 de diciembre de 2023 (AEP).- El Gobierno nacional presentó ayer el primer Observatorio Ciudadano de Transparencia, desarrollado en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción. El sitio web difundirá estadísticas de casos denunciados.
La presentación estuvo a cargo de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, quien estuvo acompañada del vicecanciller Freddy Mamani y la viceministra de Gestión Consular e Institucional, Eva Chuquimia, en un acto organizado en la Casa Grande del Pueblo.
“Es importante destacar que el Observatorio Ciudadano de Transparencia es una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción debido a que centraliza y estructura la información registrada en diversos sistemas (…). La página tiene varios filtros para poder obtener la información que uno requiera y de esa manera garantizar el acceso a la información pública para el control social”, explicó Ríos.
Añadió que el observatorio tiene el objetivo de empoderar a la población al proporcionar información accesible y estructurada, promoviendo la participación activa en la vigilancia y lucha contra la corrupción en la gestión pública.
La plataforma www.observatorio.gob.bo es una iniciativa del Ministerio de Justicia en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción y tiene el fin de poner a disposición de la población el portal para ofrecer información de interés público, facilitando la “participación activa de todos los ciudadanos para luchar contra la corrupción en la gestión pública”.
El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción detalló que dentro de las tareas que tiene el Observatorio están: generar información confiable, relevante y precisa sobre las acciones directas de lucha contra la corrupción en la gestión pública.
“Un mejor acceso a fuentes de información, ya que centraliza datos estadísticos de diversos sistemas de información de transparencia como el SITPRECO S2+, el Sistema de Rendiciones Públicas de Cuentas y el Sistema de Seguimiento de Procesos Penales. Además, incorpora información documental, compromisos éticos institucionales, encuestas de percepción, herramientas pedagógicas, servicios de denuncias y proyectos de integridad empresarial”.
DATOS ESTADÍSTICOS
Entre julio, agosto, septiembre y octubre llegaron 450 denuncias al Viceministerio de Transparencia en cuanto a “denuncias recibidas por hechos de corrupción”.
Del total, 194 pertenecen al departamento de La Paz; 87 a Cochabamba; 70 a Santa Cruz; 25 a Tarija; 22 a Oruro; 16 a Beni; 11 a Potosí; siete a Pando, y seis a Chuquisaca.
Asimismo, se tienen 1.702 denuncias penales por hechos de corrupción, también entre julio y octubre. De esa cifra, 728 denuncias están ligadas a casos de legitimación de ganancias ilícitas.
El departamento de La Paz registra la cifra más alta de denuncias con 886 casos, luego están: Santa Cruz con 449; Cochabamba con 259; Tarija, 90; Beni, 77; Oruro, 69; Potosí, 58; Chuquisaca, 33; Pando, 20; y Potosí con dos denuncias, con fuente en el Sistema de Procesos Penales SPP Gestión 2023.
El Observatorio almacenará datos estadísticos sobre la gestión de denuncias administrativas, penales, investigación financiera patrimonial y rendición pública de cuentas; al mismo tiempo, recursos educativos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, compromisos éticos institucionales de servidores públicos.
“Por otra parte, en servicios y accesos a sistemas de interés, el Observatorio ofrece acceso directo a distintos sistemas de interés, como el Formulario digital de Incompatibilidad para funcionarios públicos, la línea de Verificación Anticorrupción (VEA), el Sistema de Rendición Pública de Cuentas.
Al primer semestre de 2023, el viceministerio reportó 59 sentencias en procesos penales por corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas; de las cuales 14 fueron absolutorias y 45 condenatorias. Treinta sentencias corresponden a delitos comunes de corrupción, 26 por legitimación de ganancias y tres por delitos de enriquecimiento ilícito.
