Los excívicos abandonaron ayer los penales de Chonchocoro y Cantumarca, respectivamente.
Los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata recibieron con indignación los fallos judiciales que favorecen a Luis Fernando Camacho y a Marco Antonio Pumari, actores políticos involucrados con la violencia en 2019.
“Nosotros, como familiares y víctimas, exigimos justicia, aquí no debe haber ciudadanos de primera, de segunda; ante la ley todos somos iguales y todos deberíamos tener esa justicia que tanto esperamos”, dijo a Bolivia TV María Condori, madre de Rudy Vásquez, joven de 23 años victimado en Senkata.
Apelación
Las víctimas esperan que la apelación planteada a la detención domiciliaria a favor de Camacho, dictada por un juez, revierta esta determinación.
El abogado Jorge Nina advirtió de que en ambos casos no se valoraron correctamente los riesgos procesales, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.
“Se emitió un fallo que respetamos, pero no compartimos porque creemos que se ha generado, y estamos seguros que hay agravios; hemos apelado (...) y esperamos una audiencia donde buscaremos la revocatoria de la medida impuesta a los acusados”, sostuvo Nina.
Desde la Regional Urbana en Santa Cruz, afirmaron que quienes liberaron a Camacho se convirtieron en cómplices de las muertes ocurridas durante el golpe de Estado de 2019.
“Es una pena, pero el Estado boliviano va a tener que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado conoce que se vulneraron derechos y hubo más de 33 muertos y más de 1.500 heridos”, recordó Carlos Plaza, vicepresidente de la Regional Urbana.
Camacho salió ayer de Chonchocoro y Pumari, del penal de Cantumarca.
AEP
