Autoridades del Consejo de la Magistratura hicieron una visita in situ a las oficinas distritales de Derechos Reales en la capital cruceña.
Luego de que se revelara el presunto desfalco de cerca de Bs 2 millones en Derechos Reales del departamento de Santa Cruz, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, ordenó auditorías en los nueve departamentos de Bolivia.
Según las investigaciones, una posible red de corrupción habría hecho manipulación informática en Derechos Reales de Santa Cruz con una afectación de cerca de Bs 2 millones, informó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Mirtha Mejía.
Implicados
“Existe una funcionaria implicada, quien ejercía la función en ventanilla para adultos mayores cobrando dinero en efectivo, sin dar ningún tipo de recibo. Estaba a cargo de 38 carpetas, en las que realizaba la manipulación informática, causando un desfalco de dinero a través de Derechos Reales y la DAF, ella no sería la única involucrada porque también se habla de la manipulación del sistema”, precisó por su parte Baptista.
La Fiscalía informó, el 16 de enero, que al menos cinco funcionarios de Derechos Reales y un civil son investigados por este tema
“Hablamos de registradores de Derechos Reales, de supervisor, asesor, registradora, como también dos funcionarias de la DAC y personas particulares”, señaló el fiscal departamental Alberto Zeballos.
La decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Araoz, indicó que se precisa una investigación.
“El Consejo de la Magistratura está realizando auditorías técnicas financieras en los nueve departamentos del país, haciendo mayores controles para identificar el daño al Órgano Judicial”, enfatizó la autoridad.
Estas irregularidades se registran desde julio del año pasado, afirmaron las autoridades, quienes además solicitaron al Ministerio Público actuar con base en la normativa vigente con los presuntos autores de este desfalco.
El martes, autoridades del Consejo de la Magistratura llegaron hasta Santa Cruz para acompañar las pesquisas.
La Paz/AEP
