El Ministerio de Gobierno señaló que el porte ilegal de armas constituye un delito y que, en este caso, podría configurarse el delito de organización criminal.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que la División de Cibercrimen de la Policía Boliviana ya inició una investigación para identificar a los responsables del video que circula en redes sociales que muestra a un grupo de personas encapuchadas portando armas de fuego y lanzando amenazas.
"La forma en la que lanzan amenazas da lugar a que estarían atentando contra la seguridad de los servicios públicos y otra serie de delitos", advirtió.
Según las primeras pesquisas, se estima que entre 50 y 80 personas participaron en la grabación del video, el cual fue filmado recientemente en una zona aún no precisada.
La autoridad recordó que el porte ilegal de armas constituye un delito y que, en este caso, podría configurarse el delito de organización criminal.
"Ya que más de tres personas estén encapuchados portando armas, ya se configura el tipo penal de organización criminal", afirmó Ríos.
Con pasamontañas cubriendo su rostro y disparando armas largas, un grupo de personas amenazó con llevar el bloqueo de caminos en el altiplano del departamento de La Paz hasta forzar la renuncia del presidente Luis Arce.
Un video que el mismo grupo grabó en algún punto de la provincia Omasuyos en el ocaso del domingo difundió su contenido a través de las redes sociales.
En las imágenes se ven las montañas andinas al atardecer y un riachuelo de aguas cristalinas, mientras seis hombres ejecutan ejercicios militares con varios disparos con al menos un centenar de agricultores enfundados en ponchos rojos como espectadores por detrás.
En el vídeo, un dirigente advierte con llevar la movilización hasta interrumpir el mandato constitucional del presidente socialista, mientras otros corean la consigna “fusil, metralla, el pueblo no se calla”.
Al parecer, las armas de los encapuchados son viejos fusiles máuser que se utilizaron en la Guerra del Chaco (1932-1935) y que son comunes en las áreas rurales del país porque los desmovilizados, tras el conflicto bélico, no las entregaron al Ejército.
AEP Digital/Mac
