El presidente del TDJ, Iván Córdova, dijo que existe la necesidad de revisar los estándares probatorios utilizados para imponer condenas.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, junto con la presidenta de la Sala Penal Cuarta, Claudia Castro, y la asambleísta departamental Esther Góngora, presentó una iniciativa para reabrir el debate sobre posibles reformas a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
La propuesta busca analizar aspectos de presunta inconstitucionalidad en la normativa vigente.
Córdova, en declaraciones a la red Erbol, subrayó la necesidad de revisar los estándares probatorios utilizados para imponer condenas y debatir sobre la posibilidad de conciliación entre la víctima y el presunto agresor. Mencionó la problemática de las denuncias falsas que, según señaló, afectan a hombres injustamente.
El magistrado destacó que este análisis debe realizarse en espacios académicos, legislativos y judiciales, en respuesta a una demanda social. En este sentido, recordó que en el Legislativo existe un proyecto de ley pendiente de discusión sobre este tema.
Normativa
Por su parte, la vocal Claudia Castro manifestó que la normativa presenta falencias desde su promulgación que han impactado el debido proceso. Explicó que estas deficiencias fueron identificadas a través de reuniones con distintos centros penitenciarios y en colaboración con la Fiscalía Departamental, con el objetivo de elaborar una propuesta unificada.
“No puede existir una denuncia falsa que prive de libertad a un ciudadano o ciudadana sin consecuencias para quienes la promueven. Es necesario garantizar que cualquier acto basado en una denuncia infundada sea debidamente analizado y sancionado”, afirmó Castro.
Enfatizó en que la propuesta del TDJ busca un análisis profundo de la Ley 348, asegurando que, de contener disposiciones inconstitucionales, estas sean corregidas para garantizar el acceso a una justicia acorde con los principios constitucionales.
“El objetivo es servir mejor a la sociedad, garantizando una justicia pronta, oportuna e imparcial para varones, mujeres y todos quienes la necesiten”, subrayó.
Hace dos meses, el concejal paceño Pierre Chain impulsó una iniciativa similar, expresando su preocupación ante testimonios de madres y varones cuyos familiares habrían sido encarcelados injustamente debido a procesos derivados de la Ley 348.
“Queremos una ley que proteja a todas las víctimas de violencia sin distinción de género. Hoy, muchos hombres son denunciados falsamente y enfrentan procesos de conciliación que, en muchos casos, terminan en extorsión”.
AEP
