En enero de 2022 había 18 mil privados de libertad; ahora, en 2024, la cifra ascendió a 31 mil internos en los centros penitenciarios del país.
La Paz, 03 de junio de 2024 (AEP). – “Estamos en una emergencia penitenciaria por el hacinamiento en los centros penitenciarios de Bolivia. Hemos hecho un análisis estos últimos dos años y medio, tiempo en el que el fenómeno ha crecido desproporcionalmente”, informó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
En enero de 2022 había 18 mil privados de libertad; ahora, en 2024, la cifra ascendió a 31 mil internos en los centros penitenciarios del país. En dos años y medio se ha incrementado en más de 13 mil la cantidad de internos, algo histórico, expuso Limpias en entrevista con Ahora El Pueblo.
—¿Cuál es el factor o motivo para el aumento de la sobrepoblación en las cárceles del país?
—La lucha frontal contra el delito ha sido uno de los factores. Hemos visto grandes organizaciones criminales que han entrado masivamente a los centros penitenciarios. Otro factor involucra a la justicia para el incremento de los privados de libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de la pasada gestión, observa a Bolivia sobre el excesivo uso de la detención preventiva. En 2001, cuando se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal, el espíritu de la norma era que el aprehendido se defiende en libertad y excepcionalmente ir a detención preventiva, esa era la regla.
—¿Por qué le atribuye al Órgano Judicial uno de los factores del hacinamiento?
—Los altos índices de detención preventiva se deben al temor de algunos jueces, a partir del caso del violador serial Richard Choque, liberado a pesar de varios procesos abiertos en su contra.
El caso se conoció a finales de 2021, cuando el ahora sentenciado a 30 años violó y asesinó a varias mujeres. Entonces se descubrió que el psicópata había sido liberado por un juez que lo benefició, inicialmente, con detención domiciliaria.
En esa razón, las autoridades judiciales desbarataron el consorcio compuesto por varios abogados y jueces. Hoy en día (los jueces) tienen, parece, miedo de liberar a quienes no corresponde.
—¿Hay un uso discrecional de la detención preventiva por parte de los jueces? Y, de ser así, ¿a qué se debe?
—Los jueces que burocratizan la salida de algunos reos que cumplieron con los tres años previstos en la cautelar, les piden documentos que saben que para un privado de libertad son difíciles de conseguir.
Les piden garantes solventes, o con hipotecas, y para una persona que está varios años en la cárcel es bastante difícil eso. Muchos, por el tiempo que están encarcelados, ya han perdido familia, entorno social.
Otro de los factores es el uso discrecional de la detención preventiva.
—¿Cuáles son las cifras del hacinamiento carcelario en el país?
—En algún momento se manejaban cifras de 134 por ciento, ahí empezó el hacinamiento a nivel general de nuestras cárceles. Hoy hemos subido a 191 por ciento, estamos cerca al 200 por ciento a nivel general.
Por ejemplo, el penal de San Pedro, un penal emblemático que tenemos en el departamento de La Paz, tiene 228 por ciento de hacinamiento; Palmasola, otro penal emblemático, casi llega a los 9.000 privados de libertad, tiene 259 por ciento de hacinamiento; uno de los penales con más crecimiento es San Pablo de Quillacollo, con 545 por ciento; Mocoví varones, con 492 por ciento.
Sin embargo, en los centros de provincia se fue incrementado la infraestructura. Hemos ido entregando nuevas cárceles, pero no hay una conciencia, una reflexión profunda del Órgano Judicial. Cualquier infraestructura que hagamos o implementemos no aguantará por el uso discrecional de la detención preventiva.
Hay un exceso de algunos operadores de justicia, no voy a generalizar. Hay operadores de justicia que realmente cumplen con su trabajo, saben dar la cara, pero hay otros que lastimosamente, en su mayoría, están haciendo que los centros penitenciarios de Bolivia se encuentren absolutamente hacinados y entremos en esta emergencia penitenciaria.
—¿Cómo se podrá disminuir la tasa de hacinamiento carcelario?
—Con el fin de disminuir la tasa de hacinamiento en las cárceles del país, el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, impulsa las denominadas jornadas de descongestionamiento judicial.
Esa medida permitió la liberación de reclusos cuyos plazos procesales ya se cumplieron o de aquellos que están por cumplir el periodo de sanción.
—¿La educación y el trabajo están consolidados en los recintos penitenciarios?
—Destaco que, desde hace tiempo, se logró, en coordinación con el Ministerio de Educación, promover a varios bachilleres en los recintos penitenciarios a través de los Centros de Educación Alternativa (CEA) y que, debido al largo periodo que algunos deben cumplir, es necesario darles la oportunidad de tener un título universitario o de técnico superior.
Los pilares fundamentales de la reinserción social son la educación, el trabajo, la salud, el deporte y la cultura. Estamos ahora consolidando otro pilar que es el tema de educación superior.
Cito el caso del penal de Palmasola, recinto en el que dos universidades privadas dictan clases de Derecho y al menos el 90% de los reclusos accede a esa formación a través de becas, mientras que algunos reclusos, que cuentan con recursos económicos, pagan sus estudios.
—¿Qué podemos mencionar de las cárceles productivas?
—El programa busca fortalecer las destrezas de los privados de libertad en diferentes actividades como la carpintería, metalmecánica, construcción, arquitectura, entre otros aspectos, con el fin de que los privados de libertad puedan reinsertarse en la sociedad, dar respuestas a la población, con el fin de ver qué es lo que realmente ocurre dentro de estos centros penitenciarios.
Por ejemplo, hace algunos días, en Palmasola, los privados de libertad ofrecieron poner la mano de obra para nuevas infraestructuras, solo necesitan el material, porque en el centro existen personas que son arquitectos, albañiles, plomeros, constructores, topógrafos y pueden edificar los predios.
En unos pocos meses, se están recuperando casi 18 hectáreas detrás del sector de Palmasola, y ahí se hará un muro perimetral para avanzar con nuevos bloques del centro penitenciario.
Los privados de libertad han enviado su carta al hermano Presidente, al Ministro de Gobierno, indicando que quieren poner la mano de obra, pero para ello se están haciendo las consultas necesarias a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, para no vulnerar sus derechos del privado de libertad, pero una mayoría lo ve con buenos ojos.
Cualquier tipo de trabajo en el interior de cualquier centro penitenciario significa la redención, Ley 2298, que establece que los privados de libertad pueden redimir por dos días de trabajo o dos días de estudio, un día de pena.
El trabajo y el estudio son pilares fundamentales de la reinserción social, un cambio de hábito que se requiere en los centros penitenciarios.
El Presidente, en el Día del Privado de Libertad, 24 de septiembre, en su alusión dijo que se harán centros penitenciarios productivos, donde los internos trabajen y cambien el ocio para ganarse el pan de cada día, aprendiendo a agarrar herramientas y hacer algo productivo.
Sin embargo, nosotros, como Régimen Penitenciario, con el hermano Ministro de Gobierno, estamos trabajando hace más de dos años en cárceles productivas.
—¿Qué nos puede explicar en relación al Decreto de Indulto?
—Se ha enviado un Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía que lastimosamente está durmiendo el sueño de los justos y no hay una sensibilidad de algunos legisladores para aprobar este indulto, por esa razón llamamos a los asambleístas a que tomen conciencia, porque en las cárceles hay personas, seres humanos.
—Existe un proyecto de ley sobre tobilleras electrónicas, ¿en qué quedó el tema?
—Si los reclusos han fallado o contravenido alguna normativa, tienen todo el derecho a una segunda oportunidad. Nuestro hermano Ministro de Gobierno preparó con todo su equipo un proyecto de dispositivos electrónicos, que son las tobilleras, una alternativa muy importante.
Las tobilleras servirán para que los agresores no se acerquen a las víctimas, entre otras restricciones, pero dentro de las tobilleras está el beneficio de cambiar cárcel por casa.
El dispositivo ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero está durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Senadores, que no da una alternativa al desarrollo de esta normativa que ayudará a bajar los altos índices de hacinamiento.
Ahora, con las nuevas políticas de reinserción social, educación, trabajo, vamos a coadyuvar en la seguridad ciudadana, y lo que la sociedad espera de su administración penitenciaria es un conjunto de cosas, hechos. Muchos legisladores han entrado a los centros penitenciarios, pero no les ha conmovido lo suficiente el hacinamiento carcelario, pero hay unos pocos que están llevando adelante este proyecto para que se apruebe.
Es importante destacar que hay interés en el tema desde la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, por eso pedimos al Órgano Judicial, Legislativo, que son parte fundamental, que interactúen con Régimen Penitenciario y tengan esa responsabilidad.
Las tobilleras electrónicas son dispositivos tecnológicos que marcan alertas amarillas, naranjas, rojas y cuando el privado de libertad vulnera la seguridad, las unidades tácticas del BOL-110 cierran los espacios de georreferenciación del privado de libertad.
Con las tobilleras, miles de privados de libertad se beneficiarán, pero también tiene que haber responsabilidad de la persona que la lleva. Una vez que salga la ley con todas las modificaciones, nos referiremos de manera más sólida sobre esta norma.
—¿Algo que agregar en esta entrevista como Dirección General de Régimen Penitenciario?
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, cuando asumió el mandato, dijo que somos un país que respeta los derechos humanos, sin embargo nos han tratado de hacer ver, en algún momento, que se vulneran derechos, pero se respondió con hechos. Estamos trabajando en la línea del hermano Presidente, de respeto a los derechos humanos que es lo más importante en el Estado.
