Reinerio Vargas, Rómulo Calvo y José Luis Santistevan son acusados por delitos de violencia política contra mujeres y racismo, entre otros.
La Paz, 14 de abril de 2023 (AEP).- Reinerio Vargas, Rómulo Calvo y José Luis Santisteban, miembros del Comité Interinstitucional, impulsores del paro de 36 días en Santa Cruz el pasado año, se acogieron ayer a su derecho al silencio ante la Fiscalía, donde debían responder por el proceso instaurado en su contra por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
Los delitos por los que se acusa al vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas; al expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo y al asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación.
El primero en llegar al Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, ubicado en el Plan Tres Mil, fue el exmilitar Santistevan; minutos más tarde, el vicerrector y, por último, el exlíder cívico, para responder ante los fiscales sobre su participación en los 36 días de paro que generaron violencia, vulneraciones a los derechos e incluso la muerte de bolivianos.
Calvo se abstuvo de declarar y explicó que no quiere entorpecer el trabajo de los abogados; asumió la misma determinación Santistevan.
El vicerrector manifestó a su salida que no tiene temor al proceso por el que se lo investiga y que si lo citan a declarar a La Paz, también irá. Empero, exigió que el proceso se lleve adelante en Santa Cruz, y añadió que él sólo acató el mandato del cabildo.
Además, se los acusa de atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 el Comité Interinstitucional cruceño impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y la discriminación que ejercieron grupos radicales sobre la población que se oponía a la medida y demandaba que el Censo se realice en 2023.
Durante el paro cívico, la inseguridad ciudadana en los puntos de bloqueo provocó cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y en contra de la medida.
Los bloqueadores impidieron la circulación de ambulancias, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.
El daño económico por los 36 días de paro cívico en Santa Cruz se aproxima a los 1.200 millones de dólares.
