El apoyo de Ana Lucía Reis, como representante de una ciudad amazónica clave, refuerza la iniciativa gubernamental.
La alcaldesa de la ciudad amazónica de Cobija, Ana Lucía Reis, expresó su apoyo al Decreto Supremo 5225, que establece una pausa ambiental ecológica en todo el territorio boliviano.
Esta medida, anunciada por el gobierno del presidente Luis Arce, busca frenar los incendios forestales y proteger los recursos naturales del país.
Reis expresó a la estatal Bolivia Tv su satisfacción con la decisión estatal.
"Estoy muy contenta con el decreto y la pausa ambiental. Creo que es un buen inicio para que realmente empecemos con estas grandes campañas de sensibilidad, de que tenemos que cuidar nuestra casa grande".
La alcaldesa de la capital del departamento amazónico de Pando considera que esta medida es un primer paso “crucial” para fomentar la conciencia ambiental en Bolivia.
Reis, sin embargo, también hizo un llamado a la revisión de las denominadas "leyes incendiarias" y de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Según la autoridad, la legislación actual incentiva prácticas dañinas para el medio ambiente: "La ley INRA también confunde la situación de los campesinos, de toda la gente que vive dentro del bosque, donde dice si no le das el uso adecuado a tus tierras puede revertirse. Entonces cada año empiezan a talar, empiezan a quemar justamente para demostrar que están utilizando su tierra".
El Decreto Supremo 5225 establece una pausa ambiental indefinida en todo el territorio nacional. Entre sus disposiciones más relevantes están la anulación y negación de autorizaciones de quemas por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la declaración de "no disponibles" por cinco años de las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios, hasta su restauración, y el refuerzo del resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional por parte de los Ministerios de Defensa y de Gobierno.
LEGISLATVO
Paralelamente, el Ejecutivo ha enviado al Legislativo un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los responsables de incendios forestales. La propuesta contempla condenas de entre 6 y 13 años de cárcel para quienes promuevan incendios que afecten bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales.
La alcaldesa Reis se mostró de acuerdo con estas medidas más estrictas, pero insistió en la necesidad de abordar las causas subyacentes de los incendios: "Tenemos que ver otros métodos para poder tener diferentes tipos de actividades y de una manera sostenible".
AEP Digital/Mac
