Ante esta situación, miembros del ente fiscalizador anunciaron la activación de una acción constitucional.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, estaría incurriendo en el incumplimiento de leyes puestas en vigencia por el Concejo Municipal de La Paz. Ante esta situación, miembros del ente fiscalizador anunciaron la activación de una acción constitucional.
“Las leyes son de cumplimiento obligatorio y no están a consideración de la autoridad (Arias). Esto muestra claramente un sentido de impunidad y la evidente afectación en la transparentación de la asignación de recursos y el ejercicio de funciones por parte del alcalde”, indicó la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roxana Pérez Del Castillo.
Detalló que entre las normas incumplidas por Arias están principalmente tres: -La Ley de Fiscalización, por la que el alcalde declaró “personas no gratas para él” a los concejales que aprobaron la norma, a la cual se rehusó dar cumplimiento.
-La Ley de Control y Transparencia de las Concesiones, debido a que se estaría promoviendo más de 17 concesiones.
“Entre ellas, la concesión de la basura, que se pretende proyectar de manera que afecte millonariamente a los bolsillos de los paceños y las paceñas, situación que no pasará desapercibida”, explicó Pérez.
- La Ley de Abrogación del Decreto Municipal 006, que establece que el alcalde no puede vulnerar derechos sociolaborales y “enmascararlos de legalidad”.
“Tenemos conocimiento de que los trabajadores y las trabajadoras municipales han estado en las calles señalando la vulneración por parte del alcalde de los derechos sociolaborales. Todo esto por supuesto ha sido tomado en cuenta por el Concejo hace mucho tiempo y se ha emitido una ley”, manifestó.
Por su parte, el jurista Sergio Niño de Guzmán aseveró que estas disposiciones legales asumidas por el Concejo tratan de fiscalizar y trasparentar la gestión edil, por ello, se asumirán las acciones legales necesarias para que las leyes municipales sean cumplidas.
“Estas normas, hoy denunciadas como incumplidas, naturalmente constituyen una vulneración a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y por sobre todo a vivir en un Estado constitucional de derecho, es en cuanto se van a asumir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento”, indicó.
