El Protocolo de la RINDHCA tiene como objetivo fundamental establecer procedimientos y fortalecer su ámbito de acción en la defensa de personas defensoras de derechos humanos en cada uno de sus países.
La Paz, 11 de abril de 2024 (ABI).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó preocupación por la situación de indefensión de los defensores ambientales en Bolivia y perfiló la aplicación del “Protocolo para la defensa de las personas defensoras de los derechos humanos y espacio cívico como seguimiento de la Declaración de Marrakech”.
La posición surgió ante la preocupación expresada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ambientales.
“Coincidimos con la preocupación del Relator de la ONU, @SREnvironment, en la defensa de personas defensoras de DDHH. Como @RINDHCA, presentamos un protocolo de acción en la región y, desde la @DPBolivia avanzamos en el PL de Defensa de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, respondió Callisaya, citado en un boletín institucional.
El protocolo emergió de la Asamblea Ordinaria Anual de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), instancia de la cual, el Defensor del Pueblo es el Secretario General del Continente Americano. En el evento realizado el 8 y 9 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, las delegaciones de derechos humanos de 20 países de América y el Caribe abordaron la temática de justicia ambiental.
El Protocolo de la RINDHCA tiene como objetivo fundamental establecer procedimientos y fortalecer su ámbito de acción en la defensa de personas defensoras de derechos humanos en cada uno de sus países, entre ellas los defensores ambientales, mediante la promoción, protección, cooperación y transparencia en sus actividades.
El documento también contempla un modelo de reporte nacional que será aplicado por las defensorías del pueblo e instituciones nacionales que defienden los derechos humanos en la región continental, enfocado a la elaboración de informes detallados y efectivos sobre la situación y protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
Para Boyd, “el Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista”.
