Estos casi salarios se encubren bajo el rótulo de estipendios, que se justifican como dinero para transporte, comida y otro tipo de gastos.
La Paz, 22 de abril de 2023 (AEP).- La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Roxana Pérez Del Castillo explicó que los representantes acreditados como Control Social —que deberían fiscalizar las acciones de la alcaldía paceña— fungen como operadores políticos cercanos al burgomaestre Iván Arias y “reciben sueldos” de esa administración.
Según Pérez Del Castillo, estos casi salarios se encubren bajo el rótulo de estipendios, que se justifican como dinero para transporte, comida y otro tipo de gastos. Esta unión entre la autoridad edil y quienes deberían informar a la población sobre la transparencia o las acciones indebidas de quienes administran la alcaldía, les brinda una plataforma de beneficios a los que muchos no quieren renunciar.
“Son personas que están en este rol hace años y reciben de manera periódica recursos municipales, como si fueran funcionarios, y los enmarcan como si fueran estipendios, pasajes, almuerzos y demás, que se les brinda por sus servicios”, describió.
Miembros del Concejo Municipal de La Paz, durante una sesión.
Sin embargo, la Ley 342 de Participación y Control Social estipula claramente que cualquier tipo de pago en dinero o en especie está prohibido.
“Los actores de la Participación y Control Social no recibirán ningún tipo de remuneración, regalo, premio, ni aceptarán ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen la Participación y Control Social o de terceros”, puede leerse en el artículo 12 de dicha norma.
“Esto es de conocimiento público, es una forma de trabajo territorial que fue implementada por Juan Del Granado —donde se planifican fiestas y se consumen bebidas alcohólicas— y, se podría decir, que Arias ha mejorado la fórmula. En ella, los controles sociales son agentes políticos del alcalde de turno. Se ha desvirtuado esta figura con doble incidencia, porque se ha tergiversado la representatividad cívica territorial, se la ha manoseado políticamente, y lo segundo es que se ha manoseado el control social, lo que limita el ejercicio pleno de los derechos de la población”, afirmó la concejala.
Pérez Del Castillo narró que la parcialidad política de estos representantes se hizo evidente cuando en septiembre, durante la anterior gestión, la bancada minoritaria del MAS -a la que Pérez Del Castillo pertenece- se negó a aprobar el Plan Operativo Anual (POA) propuesto por Arias y su plataforma política, argumentando que no se estaba dando prioridad a aspectos trascendentales para la sociedad, como educación, salud y prevención de riesgos.
Manifestantes piden la aprobación del POA 2023.
“Funcionaron como grupo de choque y buscaron amedrentarnos y agredirnos. Persiguieron y patearon a nuestro compañero, el concejal Javier Escalier, quien tuvo que refugiarse en un negocio privado y ser escoltado por policías para evitar que lo lastimen”, recordó.
Luego, estos representantes rechazaron el incremento del 10% en el presupuesto para las juntas vecinales en el POA 2023 -lo que las beneficiaba-, con tal de perpetuar su buena relación con Arias, cuyo POA solo contempló un 7% para los vecinos.
Debido a esta situación, diferentes juntas vecinales han comenzado a protestar contra las personas que ejercen como Control Social. Ese es el caso de quienes habitan en Vino Tinto. Su dirigente, Max Huanca, dijo que el representante del Control Social, Eulogio Aruquipa, descontó, solo en 2022, Bs 35 mil del Plan Operativo Anual (POA) municipal de ese barrio.
Los controles sociales bloquearon la puerta de la Alcaldía de La Paz para presionar a los concejales a aprobar el POA 2023.
La alcaldía afirmó que los recursos vuelven al Ministerio de Economía, pero la entidad estatal desmintió este hecho. Además, el dirigente denunció que la zona que representa ha sido completamente olvidada por la autoridad edil y su gestión, es por eso que los vecinos decidieron reunirse y hacer limpieza de sumideros, calles y arreglos en general.
Huanca afirmó que se hizo una denuncia formal ante la Unidad de Transparencia, donde indicaron que los recursos confiscados volvían al Ministerio de Economía, instancia que conminó al municipio a aclarar dónde están los recursos, sin que se tenga una respuesta hasta ahora.
Una boca de tormenta reparada de forma artesanal por los vecinos de Vino Tinto.
Tras su desacuerdo con Aruquipa, Huanca aseguró que su zona ha sido olvidada, al punto que no se repararon ni quisiera las bocas de tormenta.
Por ello, los vecinos se organizaron para limpiar, deshierbar y reparar lo que estaba a su alcance, durante una acción comunal.
Los vecinos de Vino Tinto trabajan en acción comunal para limpiar su zona.
