El Gobierno nacional promulgó la Ley 1657 Corta Excepcional y Transitoria con el objetivo de garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, aunque advirtió de que la norma encarecerá los precios y recordó que hizo todas las gestiones para procurar soluciones de fondo e inmediatas.
El presidente Luis Arce advirtió de que la norma aprobada no toma en cuenta “factores de carácter operativo, importantes para garantizar la distribución de combustible”, y que pese a ello no la bloquea ni sabotea la iniciativa de otros órganos de Estado.
La disposición establece un régimen excepcional de tres meses que permitirá a personas naturales o jurídicas importar e internar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo. YPFB deberá mantener la provisión estatal prioritaria e informar con anticipación sus capacidades de abastecimiento. Si la empresa no cubre el 100% de la demanda, los operadores privados podrán importar o adquirir combustible a un precio diferenciado y en régimen de libre competencia.
Además de cumplir con esta misión encomendada por la ALP, el mandatario recordó el trabajo ya realizado para el suministro de gasolina y diésel porque se aprobaron normativas destinadas a facilitar la importación. Estas disposiciones incluyen la autorización al sector privado para importar carburantes, no solo para consumo propio, sino también para su comercialización.
Entre ellos, hay tres normas que ya establecen la liberación, como el Decreto Supremo 5218, que simplifica requisitos legales y técnicos para la importación de combustibles destinados al consumo propio; el Decreto Supremo 5271, que autoriza a personas naturales o jurídicas privadas a importar diésel y gasolina para su comercialización, y el Decreto Supremo 5313 que amplía el plazo para la importación y comercialización de combustibles de un año a tres años.
Gracias a estas medidas, hay 72 empresas que tienen permiso de importación, de los cuales 39 son para consumo propio, 26 autorizadas para la comercialización y 10 habilitadas para la venta al público. Sin embargo, el panorama es poco auspicioso debido a que, hasta septiembre, los privados importaron apenas 45.314 m3 para consumo propio y 17.785 m3 para venta abierta.
Antes de la promulgación de la Ley 1657 Corta Excepcional y Transitoria ya se dio lugar a que privados importen y comercialicen combustibles, pero estos no lo hacen para seguir beneficiándose de la subvención que debería alcanzar sobre todo al pueblo, al que se suma el sabotaje económico de la Asamblea Legislativa, que limita la disponibilidad de dólares y, consecuentemente, la posibilidad de acrecentar los volúmenes de combustibles importados.
El Gobierno nacional puso en marcha diversas estrategias de probada eficacia para la provisión de combustible para el transporte boliviano, aunque sus efectos mayores son de largo plazo. Una de ellas es el upstream, cuyos resultados son exitosos y se perfilan tres plantas para llegar a sustituir en buena medida el consumo e importación de combustibles fósiles.
AEP
