La sentencia de 15 años contra Misael Nallar por el triple asesinato de dos policías y un voluntario en Porongo no solo resulta insuficiente, sino que evidencia las profundas grietas en el sistema de justicia boliviano.
Un crimen tan atroz, perpetrado con saña contra servidores públicos, aunque hubiera sido en grado de participación, merece una pena que realmente refleje la gravedad de los hechos.
La frialdad con la que se asesinó a sangre fría a los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes, y al voluntario David Candia, contrasta dramáticamente con la tibieza de una condena que parece más una concesión que un verdadero acto de justicia.
Quince años de prisión resultan irrisorios ante la pérdida de tres vidas dedicadas a servir y proteger.
Lo más preocupante es el contexto que rodea a este individuo. Yerno de Jesús Einar Lima Lobo, considerado un capo del narcotráfico preso en Brasil, Nallar representa el rostro de una criminalidad enquistada que parece desafiar sistemáticamente a las instituciones.
Su patrimonio, inexplicablemente abultado, habla por sí solo: 27 motorizados, una hacienda, propiedades, más de 450 cabezas de ganado y una cuenta bancaria con más de un millón y medio de bolivianos, todo sin una explicación legal convincente.
Las declaraciones del Ministro de Gobierno revelan un escenario aún más desalentador. Según Eduardo Del Castillo, hubo intentos de liberar a Nallar e incluso familiares de las víctimas se habrían "apartado del proceso".
Estas afirmaciones sugieren la existencia de una red de complicidades que socava la más básica noción de justicia.
El triple asesinato de Porongo no es un caso aislado, sino un símbolo de la impunidad que campea en algunos sectores. Mata policías, asesina a sangre fría, y la respuesta del sistema es una condena que permite vislumbrar la posibilidad de libertad en poco más de una década.
La conexión con el narcotráfico añade otra capa de gravedad. Nallar no es un delincuente común, es parte de una estructura criminal que amenaza la seguridad nacional, con vínculos que trascienden las fronteras. Su suegro, preso en Brasil, representa la dimensión internacional de estas redes delictivas.
El Comando General de la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno lamentaron la leve condena y la verdad es que 15 años resultan más cercanos a una derrota del sistema justicia ante los poderosos.
La justicia en este caso puntual parece ser un premio a la impunidad, no un verdadero instrumento de reparación social.
Tres vidas segadas, un criminal con patrimonio inexplicable y una sentencia que parece más un acuerdo que un castigo. Ese es el saldo de un sistema judicial que le sigue fallando a la sociedad boliviana.
La Paz/AEP
