Las dificultades eventuales para el suministro y distribución de combustibles en el país son sobredimensionadas y aprovechadas por actores políticos para desestabilizar al Gobierno nacional que, no obstante, demostró en reiteradas oportunidades que brinda soluciones eficaces de corto y largo plazo.
Pese al complejo contexto, interno (bloqueos, sabotaje político) y externo (presión inflacionaria, crisis) nunca se llegó a un desabastecimiento total y siempre se tienen a mano respuestas concretas para garantizar la seguridad energética.
En una más entre numerosas muestras de politización y polarización que llevan adelante actores políticos de derecha en los últimos meses, cívicos cruceños emitieron el jueves una lista de demandas y posturas en la que advierten de que Bolivia enfrenta un “colapso total” por la escasez de diésel que, en su criterio, pone en serio riesgo la seguridad alimentaria por su incidencia en el agro.
Como lo explicó a profundidad el presidente Luis Arce en una reciente entrevista exclusiva con un medio de comunicación, el normal suministro de diésel y gasolina se enfrenta con problemas de carácter coyuntural y estructural. Entre los primeros están los bloqueos: a fines de febrero hubo un corte de rutas de siete días en Yacuiba, uno de los mayores puntos de ingreso, pero este tipo de movilizaciones son frecuentes con diversos motivos, generalmente injustificables; factores climáticos: altas mareas retrasan periódicamente la descarga de buques en la terminal de Sica Sica en el puerto de Arica, la principal vía de importación; sobredemanda: la especulación genera falsa sensación de incertidumbre y la población acude en masa a acopiar combustibles sin necesidad. Los problemas estructurales son dos, a cuál más complejo: baja producción de crudo y combustibles debido a la falta de inversiones en exploración durante la gestión de Evo Morales; e iliquidez: la escasez de dólares a consecuencia, precisamente, de la reducción en la exportación de hidrocarburos y al bloqueo de créditos en la ALP impide incrementar los volúmenes de importación para cubrir la sobredemanda.
A medida que se presentan problemas, el Gobierno pone en marcha soluciones. Desde el primer día de su gestión trabaja a partir de planes de acción y estrategias: no se deja nada a la improvisación. Es así que en esta temática hay tres medidas de efecto inmediato: se combate el contrabando y desvío ilegal de combustibles; se facilita la libre importación y comercialización a cargo del sector privado; se acordó con el agro la distribución directa y exclusiva de diésel para asegurar las cosechas.
En cuanto a las soluciones estructurales, se debe destacar ante todo la reactivación del upstream: se volvió a invertir para explorar y reponer reservas (con resultados auspiciosos como Mayaya); biocombustibles: se perfilan tres plantas (una está en funcionamiento, la segunda arranca en breve en El Alto) para llegar a sustituir en buena medida el consumo e importación de combustibles fósiles; normativa: el Gobierno impulsa un cambio en la Ley de Hidrocarburos para atraer más inversiones externas.
AEP
