Mientras el Gobierno nacional, respaldado por el Tribunal Supremo Electoral y múltiples sectores políticos, reafirma su compromiso con la celebración de las elecciones generales el 17 de agosto, sectores radicales intentan secuestrar la voluntad popular mediante la violencia y el chantaje político.
Las declaraciones de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, no son meras palabras de circunstancia, sino la expresión de un principio fundamental: “En democracia, es el pueblo quien decide”.
Esta posición gubernamental se sustenta en compromisos institucionales sólidos.
El Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia del 17 de febrero marcó un hito: la clase política boliviana, convocada por el Tribunal Supremo Electoral, asumió el compromiso colectivo de garantizar las elecciones de agosto.
El Ejecutivo ha cumplido su palabra honrando los acuerdos suscritos en beneficio de la estabilidad democrática del país.
La historia de Bolivia está marcada por la lucha constante de su pueblo por conquistar y defender sus derechos democráticos.
Desde las jornadas de octubre de 2003 hasta la recuperación de la democracia tras los sucesos de 2019, los bolivianos han demostrado una y otra vez su madurez cívica y su rechazo a cualquier forma de autoritarismo.
Esta vocación democrática se mani"esta hoy en el respaldo ciudadano a las instituciones electorales y en el anhelo colectivo de ejercer libremente el derecho al voto.
El pueblo boliviano entiende que la democracia no se construye con ultimátums ni se de"ende con bloqueos violentos, sino con participación ciudadana responsable y respeto a las reglas del juego democrático.
En contraposición a esta vocación democrática, emergen las acciones de quienes pretenden imponer su voluntad mediante la fuerza y la intimidación.
Los bloqueos violentos iniciados por sectores ligados a Evo Morales no son una expresión legítima de protesta, sino un inyento de coerción que atenta contra los derechos fundamentales de todos los bolivianos.
Más grave aún resultan los audios que circularon, atribuidos al propio Morales, donde se escucha la instrucción de "cercar La Paz" y la advertencia de que esta será la "batalla "nal".
Estas expresiones, con"rmadas por las revelaciones del dirigente cocalero Rudy Capquique sobre las instrucciones de "convulsionar Bolivia para generar zozobra y muerte", evidencian una mentalidad autoritaria que considera el país como botín personal.
El chantaje es explícito: "sin Morales en la papeleta electoral no habrá elecciones".
Esta posición revela una concepción profundamente antidemocrática del poser, donde los intereses personales se anteponen a los derechos colectivos.
Es la lógica del "todo o nada" que caracteriza a los regímenes autoritarios: si no puedo ganar, destruyo el juego.
Esta actitud contrasta con la madurez democrática del pueblo boliviano.
La democracia boliviana no puede ser rehén de las ambiciones de una sola persona, por más relevante que haya sido su papel en la historia del país.
El Gobierno nacional, al presentar denuncias penales por terrorismo, obstaculización de procesos electorales e instigación pública a delinquir, no solo cumple con su deber de proteger el orden constitucional, sino que envía un mensaje claro: en Bolivia, nadie está por encima de la ley ni de las instituciones democráticas.
Las elecciones se desarrollarán el 17 de agosto porque así lo demanda la Constitución, así lo han acordado las fuerzas políticas responsables y, sobre todo, así lo merece el pueblo boliviano.
Ninguna ambición personal, por más poderosa que parezca, puede ser superior a la voluntad colectiva de vivir en democracia.
AEP
