En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la canciller Celinda Sosa llamó a la comunidad internacional a acompañar los esfuerzos de Bolivia por preservar y fortalecer su democracia, ante las crecientes amenazas desestabilizadoras.
Esta solicitud llega en un momento en que el país enfrenta una aguda crisis política, impulsada por las acciones del expresidente Evo Morales, quien busca forzar una nueva candidatura presidencial, a pesar de las restricciones constitucionales.
El gobierno del presidente Luis Arce, elegido con el 55,11% de los votos en 2020, está siendo asediado por una estrategia clara y premeditada que busca acortar su mandato.
Morales lideró una marcha que comenzó el 17 de septiembre en Caracollo y culminó el 23 de septiembre en La Paz, donde dejó claro su objetivo: remover ministros clave del gabinete de Arce y consolidar su propio regreso al poder.
Además, el dirigente cocalero emitió un ultimátum directo que exige cambios en el gabinete "si Arce quiere seguir gobernando", una amenaza que fue ligeramente matizada pero no desactivada.
El contexto es más complejo de lo que aparenta. Morales y su círculo, mediante discursos y movilizaciones, han intentado generar un ambiente de inestabilidad, para buscar la renuncia del Presidente y del vicepresidente David Choquehuanca, con la eventual asunción del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se perfila como una figura de reemplazo dentro de esta estrategia.
Las amenazas van más allá de simples exigencias. Sectores afines a Morales han anunciado bloqueos nacionales de caminos, una medida que podría asfixiar al país y que fue denunciada ante el cuerpo diplomático por la ministra María Nela Prada.
Este escenario plantea serias preocupaciones. Morales, quien gobernó Bolivia por 14 años, ha demostrado ser un líder que no acepta fácilmente los límites del poder.
A pesar de haber sido habilitado para una reelección en 2019 mediante una polémica interpretación constitucional, las protestas y su eventual renuncia marcaron el fin de su mandato.
No obstante, su regreso al país y su continua influencia en algunos sectores sociales muestran una tendencia preocupante hacia la perpetuación en el poder, una actitud que contraviene los principios democráticos básicos.
En este contexto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de estar alerta.
Como bien lo expresó Sosa en su intervención en Naciones Unidas, Bolivia es un país con una historia marcada por su espíritu democrático. El gobierno de Arce, que cuenta con la legitimidad de haber ganado las elecciones de manera clara y contundente, enfrenta ahora una amenaza directa a su estabilidad, y el apoyo internacional es crucial para evitar que el país caiga nuevamente en una espiral de inestabilidad política.
La coyuntura actual no debe ser vista como una simple disputa interna. Los bloqueos, las amenazas y las marchas forman parte de una estrategia que busca socavar un gobierno legítimamente constituido. Bolivia necesita apoyo para mantener el curso democrático y evitar que las ambiciones personales de Morales pongan en riesgo la paz y estabilidad de todo el país.
Es vital que la comunidad internacional reconozca la gravedad de la situación y se pronuncie en defensa de la democracia boliviana.
La Paz/AEP
