En un contexto de tensiones políticas y sociales en Bolivia, la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, ha emitido un llamado instando a la Asamblea Legislativa Plurinacional a avanzar en la celebración de elecciones judiciales.
Este llamado, respaldado por el gobierno del presidente Luis Arce, subraya la importancia de un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a los candidatos y candidatas.
La relatora expresó su preocupación por el retraso en la elección de las máximas autoridades judiciales y abogó por un "gran acuerdo nacional" que aborde las iniciativas legales y permita la realización de estas elecciones.
Su llamado se produce en un momento en que los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura han vencido debido a la falta de acuerdos políticos en el Legislativo.
La ausencia de consensos políticos ha llevado a tres intentos fallidos de preselección de candidatos a través de la Asamblea Legislativa, debido a normativas que vulneraban preceptos constitucionales.
La situación ha generado un llamado a un espacio de diálogo concertado por parte del vicepresidente David Choquehuanca, quien destaca la necesidad de sanar la justicia a través del diálogo.
La propuesta de un "gran acuerdo nacional" para la elección de magistrados y consejeros busca evitar el cuoteo político y la imposición de una sola fuerza política.
Sin embargo, para lograr este consenso, se requiere que las directivas del Senado y de Diputados acuerden cómo ajustar el proyecto de Ley 144 a la sentencia constitucional que lo declaró inconstitucional.
En este contexto, la meritocracia se presenta como un principio clave para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema judicial.
El diálogo, tanto para corregir el proyecto de ley como para garantizar elecciones judiciales, se erige como la vía para superar las divisiones y construir consensos que permitan avanzar hacia una justicia transparente y eficiente en Bolivia.
