Es profundamente lamentable que Bolivia se encuentre nuevamente al borde de una crisis desestabilizadora debido a las amenazas de bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Evo Morales y del propio exgobernante.
Esta situación, motivada por el capricho personal del exmandatario de buscar una reelección presidencial que la Constitución y el Tribunal Constitucional Plurinacional le han negado, pone en riesgo la estabilidad democrática, el Estado de derecho y el bienestar de todos los bolivianos.
Las acciones anunciadas por los simpatizantes de Morales, que apelan a la violencia y la parálisis del país, son inaceptables y deben ser rechazadas enérgicamente por todos los sectores de la sociedad.
Ningún interés personal o político puede justificar el secuestro de la nación a través de bloqueos de caminos que causan cuantiosas pérdidas económicas, socavan el libre tránsito de personas y bienes, y ponen en riesgo la paz social.
Morales y sus seguidores deben comprender que una sentencia del Tribunal Constitucional le impide su reelección indefinida.
La decisión judicial no es un capricho, sino una reafirmación del Estado de derecho y del respeto a la Constitución boliviana.
Ningún líder político, por más popular o influyente que sea, puede estar por encima de las leyes y las instituciones democráticas.
Evo Morales tuvo la oportunidad de gobernar Bolivia durante tres mandatos consecutivos, un periodo más que suficiente para dejar su huella en la historia del país.
Intentar burlar la Constitución y perpetuarse en el poder a través de artilugios legales o amenazas de desestabilización no solo es un acto de irresponsabilidad política, sino también una traición a los principios democráticos que supuestamente defiende.
Bolivia necesita avanzar, no retroceder. Necesita líderes que respeten las instituciones y las reglas del juego democrático, que anteponga el bienestar de la nación por encima de sus ambiciones personales. El país no puede permitirse el lujo de ser secuestrado por los caprichos de un solo hombre, por más influyente que sea.
Es fundamental que el gobierno de Luis Arce actúe con firmeza y determinación para garantizar el orden público y el libre tránsito en las carreteras.
Asimismo, es imprescindible que la sociedad civil, los empresarios y todos los sectores democráticos se unan en un frente común para rechazar estas amenazas y exigir el respeto al Estado de derecho.
Bolivia ha recorrido un largo camino en su consolidación democrática, y no puede permitir que los intereses particulares de un individuo pongan en riesgo todos los avances logrados.
Es hora de dejar atrás las prácticas desestabilizadoras y apostar por el diálogo, la institucionalidad y el respeto a las normas que rigen la convivencia pacífica.
Evo Morales ha dejado una huella indeleble en la historia de Bolivia, pero su legado no debe ser el de un líder que antepuso su ambición personal por encima del bien común.
Es momento de dar un paso al costado y permitir que nuevas voces y nuevos liderazgos emerjan, de manera democrática y apegados a la ley, para conducir el país hacia un futuro de progreso y estabilidad.
