El diálogo y trabajo conjunto son premisas que el Gobierno nacional practica en diversos niveles y contextos y que, cuando son trasladadas a escenarios más amplios, demuestran que, cuando se lo proponen, los bolivianos pueden apuntar a una misma meta, aun a pesar de las grandes diferencias ideológicas.
El resultado del IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, celebrado el jueves en Santa Cruz, debe ser analizado desde dos enfoques: esperanza, porque hay 12 puntos de acuerdo para encaminar las elecciones del 17 de agosto, pero también una prudente incertidumbre, porque no es la primera vez que la derecha se compromete, sin luego cumplir, a canalizar en la ALP tanto las leyes electorales fundamentales como los créditos de financiamiento, imprescindibles para garantizar la estabilidad económica y la paz social en lo que resta hasta el 8 de noviembre, cuando asuma el nuevo gobierno elegido democráticamente.
Respecto a lo primero, autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de los órganos Judicial y Electoral dieron vía libre, entre otros aspectos, a garantizar, desde sus diversos roles, la adecuada ejecución del calendario electoral; buscar la pacificación del país; gestionar y proveer, según competencias, los recursos económicos suficientes de manera oportuna para el desarrollo normal del proceso electoral y la regularidad de las actividades públicas y privadas; propiciar garantías jurídicas para el cumplimiento de los derechos políticos; y efectuar la revisión del padrón electoral y del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).
En lo referido a las dudas razonables, hay que recordar que en los anteriores encuentros también hubo humo blanco, pero no todos los actores honraron su palabra. Sí cumplió el Ejecutivo, que garantizó medios financieros y logísticos para encaminar el proceso electoral; pero queda pendiente —como ocurrió a lo largo de toda la gestión administrativa 2020-2025— que los asambleístas demuestren trabajo y compromiso con el país y los bolivianos. Hay que recordar que no solo deben tratar y aprobar leyes como la de preclusión, esenciales para los comicios, sino otras de créditos de financiamiento que si bien son también necesarias para cubrir el presupuesto del calendario electoral ( el voto en el exterior, puntualmente), urgen para garantizar un panorama social tranquilo: el Estado requiere divisas para cumplir con el abastecimiento de combustibles, pues solo la seguridad energética y alimentaria, que dependen en gran medida del flujo de carburantes, asegurarán un clima de paz para que los esfuerzos se concentren en el plebiscito del 17 de agosto.
En este punto, llama mucho la atención que si hasta la derecha tradicional y extrema, representada por Doria Medina, Tuto Quiroga y otros, admitió la imperiosa necesidad de trabajar a la par, no lo haya comprendido así Andrónico Rodríguez, nuevo actor político, aparentemente de izquierda, que sigue demostrando que prima en él el cálculo político antes que la decisión de viabilizar el bienestar general de la población. ¿Cómo, si no, se explica que Rodríguez no haya firmado el convenio de Santa Cruz?
AEP
