El gobierno de Luis Arce no tiene, ni ha considerado, ni considerará ningún anteproyecto de “ley de prórroga” de mandato porque es respetuoso de la Constitución Política del Estado que señala que el periodo de mandato del presidente es de cinco años, por lo que entregará el mando el 8 de noviembre a quien el pueblo elija en las urnas el próximo 19 de octubre.
El mandatario salió a aclarar esto tras conocer la iniciativa del senador Pedro Benjamín Vargas de postergar la transición de gobierno hasta que se cambie a los vocales electorales.
El proyecto de ley establece la suspensión de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral designadas el 19 de diciembre de 2019 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo el argumento de que “perdieron toda credibilidad”. El proyecto plantea la renovación de vocales titulares y suplentes y recién entonces efectuar la segunda vuelta electoral.
Este proyecto es inconstitucional y no debe tener cabida en la Asamblea Legislativa, por lo que cualquier intento en este sentido es inviable y solo puede responder a intereses políticos, antidemocráticos y especulativos de actores políticos que pretenden ganar protagonismo.
Por esta razón, el Gobierno rechaza categóricamente esta propuesta. “No formamos parte de esta iniciativa ni de ninguna otra que busque alterar el orden democrático y constitucional, interrumpir el calendario electoral y poner en duda el trabajo del TSE.
El Gobierno nacional es absolutamente respetuoso de lo que dicta la Constitución Política del Estado y de la voluntad popular expresada en las urnas”, aseguró el jefe de Estado.
“Reitero que no hay ninguna posibilidad de prórroga de mandato del Gobierno nacional y que el 8 de noviembre entregaremos la Presidencia a quien la población respalde en los comicios del 19 de octubre. Cualquier intento de ley de prórroga es inconstitucional. La democracia y la voluntad del pueblo se respetan”, enfatizó el mandatario.
La decisión del primer mandatario es invariable porque, en todos los encuentros con periodistas y en actos públicos, remarcó que uno de los grandes legados de su gobierno es el fortalecimiento de la democracia porque recibió el poder de un régimen ilegal e ilegítimo, se enfrentó a boicots y bloqueos e incluso a un intento de golpe de Estado, pero aun así garantizó las elecciones y velará por una transición pacífica.
La supuesta ilegitimidad de los vocales electorales, alegada por Vargas, es irreal; todos los bolivianos atestiguaron un proceso electoral limpio y transparente en función a las garantías y basamentos normativos, financieros y logísticos desplegados por el Ejecutivo.
Cualquier intento de evitar el cambio de mando es inconstitucional y atentatorio contra la democracia, y no cuenta con aval del Gobierno. Y como una muestra de respeto a la Carta Magna y de compromiso con la transición democrática ordenada, ya se desembolsaron todos los recursos económicos para garantizar el desarrollo del balotaje.
AEP
