El reciente descubrimiento de la orden de la Curia General de la Compañía de Jesús de "conservar" el diario del pederasta español Lucho Roma como "información clasificada" es un golpe más a la ya maltrecha confianza en las instituciones religiosas.
Este acto de encubrimiento, revelado por el periódico El País, no solo es una afrenta a las víctimas, sino también un desafío directo a los principios de justicia y transparencia que deberían regir toda institución, especialmente aquellas que proclaman valores morales.
La magnitud de los crímenes cometidos por Lucho Roma, con más de un centenar de niñas abusadas entre 1983 y 2002 en Bolivia, es simplemente abrumadora. Que la máxima autoridad de los jesuitas haya optado por clasificar esta información en lugar de exponerla a la justicia es un acto de complicidad que no puede quedar impune.
Es un imperativo moral que el Vaticano tome cartas en el asunto con la seriedad que la situación demanda. No basta con comunicados de prensa o promesas vagas de investigación.
Se necesita una acción decidida que demuestre un compromiso real con la justicia y la protección de los más vulnerables. El papa Francisco, él mismo un jesuita, tiene la responsabilidad moral de liderar esta respuesta.
Los encubridores, tanto en Bolivia como en Roma, deben enfrentar procesos judiciales. La decisión de desoír las instrucciones de reparar a las víctimas y hacer público el caso, mientras se cumplía celosamente la orden de ocultar los manuscritos de Charagua, es una clara evidencia de una cultura institucional que prioriza la protección de la imagen de la Iglesia por encima del bienestar de las víctimas y la justicia.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes está en lo correcto al exigir que la Fiscalía convoque a los máximos responsables de la Curia General de la Compañía de Jesús. Es hora de que estos líderes religiosos respondan ante la ley civil por sus acciones y omisiones.
Este caso, junto con el del padre 'Pica', revela un patrón perturbador de abuso y encubrimiento que lastima profundamente no solo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad.
La Iglesia católica y, en particular, la Compañía de Jesús deben entender que su credibilidad y relevancia en el mundo moderno dependen de su capacidad para enfrentar estos crímenes con honestidad y determinación.
Es momento de que la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades judiciales mantengan la presión. No podemos permitir que el paso del tiempo o las maniobras burocráticas diluyan la gravedad de estos hechos. Cada día que pasa sin justicia es un día más de sufrimiento para las víctimas y sus familias.
A las víctimas debemos ofrecerles no solo nuestro apoyo incondicional, sino también un compromiso verdadero de buscar justicia. Su valentía al enfrentar no solo el trauma del abuso, sino también el peso de una institución que intentó silenciarlas, merece nuestro más profundo respeto y acción decidida.
Es hora de que la Iglesia católica entienda que ninguna institución está por encima de la ley y que el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras.
La justicia para las víctimas, la transparencia en los procesos y la reforma profunda de las estructuras que permitieron estos abusos son los únicos caminos aceptables hacia adelante.
El caso de Lucho Roma y otros similares nos recuerdan que la lucha contra el abuso clerical está lejos de terminar.
