Desde el 20 de agosto, fecha en que se celebró el congreso ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el coliseo “Héroes de Octubre” de la ciudad de El Alto, un grupo de dirigentes autoproclamados, afines a Evo Morales, se dio a la tarea de profundizar la división en el sector campesino y promover una serie de incitaciones a bloqueos que no tienen otra finalidad que perjudicar la reactivación económica del país.
El grupo de dirigentes autoproclamados, encabezado por Ponciano Santos, hace constantes amenazas que a la fecha no tuvieron ningún efecto, puesto que sus convocatorias a la convulsión carecen de respaldo orgánico de las bases.
La primera advertencia vertida por este grupo afín al ala evista, calificado por muchos como “apócrifo”, consistió en dar un plazo de 72 horas al Gobierno y a la Policía Boliviana para que se entregue la sede sindical de los trabajadores campesinos, ubicada en la zona de Miraflores; posteriormente anunciaron un bloqueo de caminos indefinido, a escala nacional, que debía acatarse desde el lunes 4 de septiembre. Sin embargo, particularmente ante esta última convocatoria, distintos sectores, entre ellos empresarios privados, asambleístas y las propias organizaciones sociales expresaron su rechazo y pusieron en evidencia que estas posturas radicales solo obedecen a apetitos personales, que generarían un terrible perjuicio y retroceso económico para el país.
Ante este rechazo de las propias bases, y sin un respaldo legítimo para dar curso a esa medida de presión, los autoproclamados no tuvieron más que declinar en su intento de paralizar el país y vieron como salida el posponer el bloqueo anunciado hasta el 16 de octubre.
Esta situación deja entrever que nadie estará de acuerdo con volver a vivir escenarios como el de los 36 días de paro en Santa Cruz, que trajo consigo consecuencias devastadoras, tanto en lo económico como en lo social. En ese entendido, es difícil pensar que algún sector apoye una convocatoria de estas características, más aún cuando queda totalmente claro que solo responde a intereses particulares de un puñado de personas que no piensan en el bien colectivo, que es la recuperación económica del país, por lo que dichas medidas están condenadas al fracaso.