En un giro que puede calificarse, sin exagerar, como una traición al pueblo boliviano, la Asamblea Legislativa ratificó el miércoles su rechazo al crédito de 100 millones de dólares otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
Esta decisión, tomada en medio de una de las peores emergencias climáticas que ha enfrentado nuestro país, representa un abandono inexcusable de las responsabilidades más básicas que todo cuerpo legislativo tiene hacia sus ciudadanos.
Los números son claros: más de medio millón de familias damnificadas en 50 municipios que necesitan desesperadamente asistencia.
Ante esta realidad, la Asamblea tuvo la oportunidad de rectificar su postura inicial del 2 de abril, pero por segunda vez optó por dar la espalda a quienes más lo necesitan. Los 72 votos a favor de la reconsideración resultaron insuficientes frente a los 89 requeridos, sellando así un destino de mayor sufrimiento para miles de bolivianos afectados por las inundaciones.
Lo que hace particularmente indignante esta decisión es que el crédito no solo estaba destinado a atender las emergencias climáticas, sino que también comprendía 7 millones de dólares para garantizar el derecho al voto de los bolivianos en el exterior.
Este compromiso, firmado el 17 de febrero durante una reunión en el Tribunal Supremo Electoral con presencia de todas las fuerzas políticas, ha sido desechado con preocupante ligereza.
Es difícil comprender cómo intereses partidarios o cálculos políticos pueden pesar más que las necesidades urgentes de compatriotas que lo han perdido todo.
Cuando la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señala que se trata de "un golpe para la población, los municipios, los alcaldes y los gobiernos indígenas", está expresando una verdad que debería conmover la conciencia de cada legislador que optó por el camino de la indiferencia.
La magnitud de la emergencia no es menor: 319 toneladas de ayuda humanitaria entregadas, 73 operativos de rescate ejecutados y más de 4.317 militares movilizados.
Estos esfuerzos, aunque valiosos, resultan insuficientes frente a la dimensión de la catástrofe. Los 35 millones de bolivianos invertidos en maquinaria pesada para 37 municipios son apenas una fracción de lo necesario para una recuperación integral.
La decisión de la Asamblea no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que también proyecta su sombra hacia el futuro.
Al cerrar la puerta a este crédito, que solo podrá volver a tratarse en la próxima legislatura a partir del 8 de noviembre, se está condenando a las regiones afectadas a meses adicionales de espera y sufrimiento.
En momentos de crisis como el actual, cuando miles de familias han perdido sus hogares, sus cultivos y sus medios de subsistencia, la unidad nacional debería prevalecer sobre cualquier diferencia ideológica.
El Gobierno nacional ha anunciado que continuará "haciendo los esfuerzos" para ayudar a los bolivianos afectados. Sin embargo, sin los recursos adecuados, estas intenciones corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones.
La solidaridad entre bolivianos es fundamental, pero no puede sustituir la responsabilidad institucional de proporcionar los medios necesarios para una respuesta efectiva ante los desastres.
La historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo tender una mano a sus compatriotas en momentos de extrema necesidad, optaron por el cálculo político sobre el imperativo humanitario.
El pueblo boliviano merece representantes que estén a la altura de las circunstancias, especialmente en los momentos más críticos.
AEP
