La reunión del Grupo de Alto Nivel de la Comunidad Andina (CAN) en La Paz marca el rumbo de la lucha contra el crimen organizado en la región.
La decisión de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador de perfilar un intercambio de información en tiempo real para combatir delitos transnacionales es un paso necesario en un momento en que la seguridad regional se ve cada vez más amenazada por organizaciones criminales que no respetan fronteras.
Los acontecimientos de violencia en Ecuador a principios de 2024, que incluyeron la toma armada de un canal de televisión estatal, sirvieron como un sombrío recordatorio de la capacidad de los grupos delincuenciales para desestabilizar las instituciones democráticas.
Estos hechos no solo representan una amenaza para Ecuador, sino para toda la región andina y, por extensión, para América Latina en su conjunto.
La iniciativa de la CAN de compartir información en tiempo real sobre actividades aduaneras, migración, inteligencia y lucha contra el contrabando es un enfoque prometedor.
El crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas son problemas que trascienden las fronteras nacionales y, como tales, requieren una respuesta coordinada y multinacional.
La inclusión de la minería ilegal en esta lista de preocupaciones demuestra una comprensión completa de las amenazas a la seguridad regional. Esta actividad no solo daña el medioambiente, sino que a menudo está vinculada a otras formas de criminalidad y puede socavar la estabilidad económica y social de comunidades enteras.
El vicecanciller Elmer Catarina acierta al señalar que estos problemas de seguridad pueden minar las democracias de la región. La estabilidad democrática es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros países, y cualquier amenaza a esta estabilidad debe ser tomada con la máxima seriedad.
La mención de la posible colaboración con el Mercosur, ejemplificada por el modelo de Uruguay para compartir información en tiempo real, es prometedora. Esta disposición a aprender de las mejores prácticas de otros bloques regionales sugiere un enfoque pragmático y orientado a resultados.
Sin embargo, el intercambio de información entre países debe estar sujeto a salvaguardias adecuadas para prevenir abusos y proteger la privacidad de los ciudadanos inocentes.
Además, es importante recordar que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a medidas de seguridad. Debe ir acompañada de políticas socioeconómicas que aborden las causas fundamentales de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas.
El plazo hasta mediados de agosto para materializar estos acuerdos, cuando Bolivia traspase la presidencia pro témpore a Colombia, añade un sentido de urgencia a estas discusiones.
La lucha contra el crimen organizado transnacional es una de las batallas más importantes que enfrentan nuestras naciones en el siglo XXI. El éxito en este esfuerzo requerirá no solo cooperación internacional y recursos adecuados, sino también un compromiso con valores democráticos y el Estado de derecho.
La iniciativa de la CAN es un paso en la dirección correcta. Ahora, el desafío es mantener este impulso.
La Paz/AEP
