La democracia boliviana enfrenta un momento crítico en el que la ética en la política parece haber cedido paso al pragmatismo más descarnado. La candidatura de Mariana Prado a la vicepresidencia en la fórmula de Andrónico Rodríguez representa una afrenta no solo a las víctimas de feminicidio, sino a todos los principios que debería defender un Estado comprometido con la justicia y los derechos de las mujeres.
Los hechos son incontrastables. El 14 de junio de 2018, siendo ministra de Estado, Mariana Prado declaró como testigo de la defensa de William Kushner, acusado del feminicidio de Andrea Aramayo.
No fue una ciudadana común la que acudió al tribunal: fue una autoridad del más alto nivel que llegó acompañada de su edecán, quien le sostuvo la cartera y custodió la puerta, como consta en el acta de audiencia que menciona nueve veces su condición de ministra.
Las declaraciones de Helen Álvarez, madre de Andrea Aramayo, desmontan una por una las justificaciones de Prado.
Cuando la exministra afirma que "no podía rechazar ir a declarar", omite una verdad fundamental: como autoridad de Estado tenía opciones especiales para rendir testimonio (en su casa, trabajo o por escrito), pero optó deliberadamente por hacer presencia física en favor del acusado.
El momento de esta declaración no fue casual. Prado testificó cuando la defensa de Kushner había direccionado su estrategia hacia la descalificación de la víctima, dos años después del inicio del juicio.
En este contexto, el testimonio de una exnovia con poder político resultaba crucial para reforzar la imagen del feminicida.
Las palabras de Prado en audiencia son devastadoras para cualquier pretensión ética: describió a Kushner como "una mejor persona", negó su violencia afirmando que "no le gustaba pelear", invisibilizando así la experiencia de la víctima.
Más grave aún, según el testimonio de Álvarez, ella misma había confesado en 2008 que terminó su relación con Kushner precisamente porque era violento. Su testimonio en 2018 constituye, por tanto, una negación consciente de la verdad que conocía.
Enfrentada a las críticas, Prado ha optado por presentarse como víctima de "bullying", desvirtuando el concepto y negando el derecho de la sociedad a conocer la conducta de quienes aspiran a gobernar.
Su participación en programas televisivos donde se ha reído y burlado de las críticas, enviando besos a María Galindo mientras mentía sobre su testimonio, revela una falta absoluta de comprensión sobre la gravedad de sus actos.
El movimiento Mujeres Creando, liderado por María Galindo, ha desarrollado una crítica férrea a las mujeres que llegan al poder para seguir reproduciendo lógicas patriarcales en espacios construidos mayoritariamente por hombres.
Una persona que ha defendido a un feminicida no puede pretender representar a un país donde cada tres días se registra un feminicidio. No puede aspirar a ser segunda autoridad del Estado quien ha contribuido a la impunidad de la violencia de género.
Las mujeres asesinadas, las huérfanas y los huérfanos no merecen ser gobernados por quien ha sido cómplice de la injusticia.
La controversia ha generado rechazo incluso entre sectores afines a Andrónico Rodríguez, quienes cuestionan la reaparición de la exministra de Planificación de Evo Morales. Esta resistencia interna demuestra que incluso sus aliados reconocen la gravedad del problema ético que representa su candidatura.
Denunciar lo que hizo Prado no es "bullying", como ella pretende presentarlo. Es memoria. Es el ejercicio democrático de evaluar a quienes aspiran a representarnos.
Existe una línea moral que no puede cruzarse en la política democrática. Defender a un feminicida mientras se ejerce poder público representa precisamente esa línea.
La víctima siempre será Andrea Aramayo, la mujer asesinada. La víctima será cada mujer boliviana que vea cómo el poder protege a los victimarios. La víctima será la democracia misma si permite que la complicidad con el feminicidio sea recompensada con cargos de representación.
Mariana Prado puede tener derecho a buscar la rehabilitación política, pero solo después de reconocer su error, pedir disculpas públicas y demostrar un compromiso genuino con la justicia de género.
Mientras no lo haga, su candidatura representa una ofensa a la memoria de todas las víctimas de feminicidio en Bolivia.
