La declaración de candidatura presidencial de Evo Morales para las elecciones del 17 de agosto representa un episodio preocupante en la vida democrática boliviana.
Este anuncio no solo desafía abiertamente un fallo constitucional firme, sino que evidencia un deterioro ético y político de quien fuera una de las figuras más influyentes en la historia contemporánea del país.
En primer lugar, resulta imprescindible señalar que la candidatura de Morales carece de base legal.
El Tribunal Constitucional ha sido claro y contundente al ratificar que ningún boliviano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales, "sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse" a una tercera gestión.
Esta limitación no constituye una arbitrariedad política sino un principio fundamental de alternancia democrática, establecido precisamente para evitar la perpetuación en el poder.
Más allá del impedimento constitucional, pesa sobre Evo Morales una gravísima acusación por trata y tráfico de personas, relacionada con una presunta relación con una menor de edad en 2016.
Este caso, que ha llevado a la justicia a declararlo en rebeldía por su reiterada ausencia en las audiencias judiciales, plantea serios cuestionamientos éticos sobre su idoneidad para aspirar a la primera magistratura.
La gravedad de los delitos investigados trasciende el ámbito político y se adentra en consideraciones fundamentales sobre protección de menores y responsabilidad personal.
El refugio que Morales ha buscado entre sus partidarios en el trópico de Cochabamba, eludiendo la acción de la justicia, contradice los principios de igualdad ante la ley que él mismo defendió durante su gestión.
Los problemas de salud que ha alegado han sido evaluados por las autoridades competentes como insuficientes para justificar su incomparecencia, lo que sugiere un uso instrumental de estas circunstancias para evadir responsabilidades.
A estos elementos se suma el considerable desgaste político experimentado tras los devastadores bloqueos de carreteras que promovió durante 2024.
Estas movilizaciones, que paralizaron el transporte y el comercio durante semanas, causaron pérdidas millonarias a la economía nacional, afectando particularmente a pequeños productores y comerciantes que vieron sus productos perecer en las carreteras.
La escasez de alimentos, medicinas y combustibles que provocaron estos bloqueos generó un rechazo ciudadano generalizado, incluso entre quienes anteriormente apoyaban su liderazgo.
La fragmentación del Movimiento Al Socialismo, evidenciada en su anuncio de candidatura sin el respaldo del partido que fundó, confirma una ruptura profunda en el proyecto político que encabezó por décadas.
Esta división no responde a diferencias ideológicas sustanciales, sino a disputas de poder personal que han terminado por erosionar su imagen.
El escenario actual plantea interrogantes fundamentales para la sociedad boliviana: ¿Qué valor tiene el respeto a las instituciones democráticas cuando figuras políticas de alta relevancia desafían abiertamente fallos constitucionales? ¿Qué mensaje se transmite a la juventud cuando un líder bajo investigación por presuntos delitos contra una menor pretende erigirse nuevamente como referente nacional?
La democracia boliviana enfrenta una prueba significativa. El verdadero legado de un líder no se mide por su permanencia en el poder, sino por su capacidad para respetar los límites democráticos.
AEP
