Con las Fuerzas Armadas sugiriendo la renuncia de Evo Morales y policías amotinados en las calles concluyó en 2019 el gobierno del primer presidente indígena de la historia del país.
La ruptura constitucional no fue un evento casual o anecdótico ni tampoco las medidas que asumió el gobierno de facto de Jeanine Añez para aplastar la resistencia ciudadana.
En la línea estratégica del golpe de Estado, sus promotores repetían una secuencia de acción en varios puntos del país: vejación, como le ocurrió a la alcaldesa Patricia Arce, quema de viviendas, persecución política y un millar de autoridades investigadas.
A Patricia Arce una turba la arrastró por las calles descalza, la embadurnaron con pintura roja y le cortaron el pelo. La retuvieron durante cuatro horas mientras el edificio municipal ardía bajo el fuego.
El delito de Arce, integrar el partido gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).
Grupos de choque secuestraron al hermano del entonces ministro de Minería, César Navarro, para obligarlo a renunciar y luego incendiaron su vivienda en Potosí. Su madre apenas salvó la vida.
Ocurrió lo mismo con los bienes de otras autoridades y varios fueron consumidos por el fuego asesino.
El director de Prensa Rural, José Aramayo, fue golpeado y atado a un árbol después de que una turba lo arrancara de la emisora y lo sacara a la fuerza.
En medio de disturbios se extendieron incendios, saqueos y ataques a casas de “masistas”. Dos viviendas “opositoras”, de una periodista y un rector universitario, también fueron quemadas.
“Ejecuciones extrajudiciales, casas incendiadas, prisiones políticas contra los aliados del MAS en Bolivia”, denunciaba el portal Brasil de Fato.
La persecución del régimen de Jeanine Añez llegó a su punto máximo cuando su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa nacional e internacional y anunciaba: “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco". El hombre fuerte del régimen de facto aludía a la revisión del patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento Al Socialismo.
Como consecuencia del golpe, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otras miles fueron perseguidas, detenidas o torturadas, como apuntaron organismos internacionales de derechos humanos en su momento.
El 27 de noviembre de 2019, los militares pro régimen de facto, y los insubordinados al poder civil democráticamente elegido, reconocieron a Jeanine Añez como capitán general del Estado, quien se autoproclamó presidenta sin un acto oficial de posesión o juramento.
Su gobierno fue impopular e improvisado, con altos índices de desempleo, sin inversión pública, caótico en enfrentar la pandemia del coronavirus y con altos niveles de corrupción.
Los escándalos de corrupción descubiertos en la breve gestión de Jeanine Añez, las masacres y su propia intención de mantenerse en la presidencia minaron su credibilidad.
Añez pidió “perdón" el día en que cumplió un año de reclusión "por los errores" que cometió durante su gobierno, lamentó que su gestión se haya extendido de tres meses a casi un año.
Pero nunca pidió “perdón” a las familias de los asesinados durante su administración ilegal.
