La gestión gubernamental de Luis Arce cumplió con su responsabilidad para que Bolivia se inserte en el mapa regional y mundial de la industrialización del litio, garantizando el control pleno y soberano de la cadena productiva, al tener las mayores reservas del oro blanco con 23 millones de toneladas en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. Ahora, la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa, para la aprobación o el rechazo de dos contratos beneficiosos para los bolivianos y la economía por $us 2.000 millones.
Con la transparencia como norte, el camino se pavimentó desde 2021, al convocarse a las compañías más prestigiosas en el rubro. Se obtuvo un interés sin precedentes, con 21 dispuestas a ser parte de este sueño industrializador bajo las reglas de Bolivia. Así, entre 2023 y 2024, el Gobierno firmó 14 acuerdos de validación tecnológica y estudios iniciales con socios estratégicos de varias nacionalidades. Todo esto fue la base para la firma de los convenios con las firmas rusa Uranium Group y la china Hong Kong CBC.
Como manda la Constitución, se enviaron estos documentos a la Asamblea Legislativa. Se procedió con el proceso de socialización. Pero la nueva y la vieja derecha, en alianza con grupos económicos conservadores y dirigentes radicales de Potosí, activaron una campaña de desinformación y de sabotaje a todo lo avanzado, alentada por intereses políticos, proselitistas, sectoriales y desestabilizadores. Un paso más en la guerra que le declararon al Gobierno para asfixiar la economía y atentar contra los intereses del país.
La información fiel de los contratos con Uranium y CBC evidencia que son beneficiosos para Bolivia porque, como remarcó Arce, garantizan la soberanía sobre este recurso natural estratégico y la participación mayoritaria del país en toda la cadena productiva, desde su exploración, explotación, industrialización, hasta su comercialización. O sea, no son convenios entreguistas como los del pasado neoliberal, porque respetan la ley y garantizan que la mayoría de los réditos se queden para el beneficio de los bolivianos.
Además se apuesta por la aplicación de tecnología de punta en las plantas industriales con la extracción directa de litio (EDL), método que probó científicamente su rapidez y poca incidencia en el medioambiente. Por ello no hay riesgo para los recursos hídricos, porque también se hicieron estudios y monitoreos para garantizar su uso sostenible en todas las fases del proceso. Más aún, con ello solo se intervendrá el 2% de la superficie del salar de Uyuni y se consumirá el 1,64% de la reserva cuantificada que posee Potosí.
Hay intereses nacionales y extranjeros que no quieren que Bolivia tome el tren del litio, y las proyecciones marcan que debe estar embarcada en el negocio hasta 2030, para cuando se prevé un boom en la demanda y los precios. El Gobierno cumplió con todo lo que está a su alcance para que sea así, y aclaró que no ejerce ninguna presión para que el Legislativo cumpla con sus tiempos y su responsabilidad de debatir, aprobar o rechazar los contratos con Rusia y China, poniendo por delante los intereses del país.
AEP
