La situación es clara y no da lugar a dudas y versiones: Bolivia no figura entre los 13 países amenizados por la inseguridad alimentaria, e incluso por eventuales hambrunas.
No obstante, una serie de informes de prensa en sentido contrario, proliferaron entre lunes y martes y generaron alarma innecesaria en el país y repercusión en esferas internacionales.
¿Cómo es posible que la desinformación y la especulación lleguen a un tema tan sensible como este? El afán político –apuntalado por algunos medios– por perjudicar al Gobierno, asentar una sensación de crisis y, a la vez, lograr una palestra para posicionar discursos y candidaturas, llegó a un extremo crítico que subvierte códigos éticos e incluso el ordenamiento legal y jurídico.
¿Fue una serie de “errores” e "imprecisiones” la que dio luz a que esta “noticia” circule en medios y redes? ¿Fue una manipulación concreta en algún eslabón de la cadena? De pronto, un poco de ambos; lo importante ahora es que la verdad sea difundida y amplificada de la misma manera y con los mismos medios y esfuerzos. Ana Martina, representante y coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, tuvo que salir al frente en conferencia de prensa y aclaró, de manera tajante, que el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) “no menciona ni alerta sobre una situación de hambruna en Bolivia”.
La coyuntural crisis por el encarecimiento de precios y eventual desabastecimiento de productos alimenticios y combustibles –que, no se debe dejar de remarcar, son producto sobre todo del boicot en la ALP y los bloqueos que desangran la economía–, no debe ni puede ocultar la gestión de largo y corto plazo que el Gobierno nacional realiza desde 2020 para blindar un área crucial como esta.
La seguridad alimentaria es uno de los pilares de la política económica y social, y para cumplir este derecho de los bolivianos, hay mecanismos en diferentes niveles: producción, industrialización y distribución. Merece especial atención al sector agrícola, que es el que abastece de alimentos y que, como pocos otros rubros, tiene varios factores de riesgo. En 2024 se acopio casi a capacidad plena los silos de las 11 plantas estatales de granos: 474.360 t de soya, maíz y arroz, y, en menor medida, trigo. Ese mismo año, el Fondo de Desarrollo Indígena dio diferentes tipos de ayuda directa a la producción, con un presupuesto de Bs 479 millones para beneficio de 75.109 familias productoras a través de 386 proyectos. Debe quedar claro que, en el caso de los cultivos, son necesarias no solo acciones de impulso, sino también preventivas; en ese marco, el Gobierno tiene programas y proyectos que blindan el trabajo sobre todo de la agricultura familiar, que es la que surte de más del 80% de los productos consumidos por las familias: el seguro Minka no solo permite a los emprendedores tener respaldo ante desastres naturales, también garantiza recuperar su capacidad para volver a producir; infraestructura: hay varios programas de construcción de presas, riego tecnificado, invernaderos, silos, etc.; insumos: se entrega fertilizantes, semillas, maquinaria y otros, tanto por dotación del Gobierno, como mediante créditos de bajo interés.
AEP
