En un contexto de preocupación por el acceso a alimentos básicos, el gobierno del presidente Luis Arce ha tomado medidas contundentes contra el agio y la especulación, priorizando el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables.
La estrategia gubernamental demuestra el compromiso con garantizar la seguridad alimentaria y proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas.
Los recientes operativos han revelado prácticas que atentan directamente contra el interés nacional porque se encontraron más de un millón de quintales de arroz ocultos en ingenios de Montero, Santa Cruz.
También se informó que, en el marco del Plan Soberanía, de lucha contra el contrabando, desde mayo de este año se incautaron 451.600 litros de combustibles que estaban destinados al contrabando en las fronteras del país.
Estos son ejemplos de las maniobras especulativas y desleales que buscan artificialmente crear escasez y elevar los precios en el mercado nacional. Ante esta situación, el Gobierno ha respondido con determinación.
La suspensión de exportaciones de aceite y las negociaciones directas con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) para establecer precios regulados son acciones que demuestran una intervención directa y responsable.
El compromiso de comercializar botellas de aceite a 11 bolivianos y un litro a granel a 10 bolivianos representa un claro mensaje: los intereses de los especuladores no pueden estar por encima de las necesidades del pueblo.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló una línea clara de acción del Gobierno socialista: "Los alimentos primero para los bolivianos a precio justo".
Esta no es una simple frase, sino un principio que guía la política alimentaria del Ejecutivo nacional.
Los comités de Seguridad Alimentaria, realizando inspecciones constantes en mercados, y el reforzamiento del control fronterizo contra el contrabando, complementan una estrategia integral.
El objetivo es cristalino: evitar que la especulación afecte principalmente a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
La lucha contra el agio no es solo una responsabilidad gubernamental, sino un llamado a la solidaridad nacional.
Productores, intermediarios y toda la cadena productiva están convocados a sumarse a este esfuerzo colectivo por garantizar el acceso justo a los alimentos.
En momentos donde la especulación amenaza el bienestar social, el Gobierno boliviano demuestra que es posible y necesario intervenir para proteger los derechos fundamentales de su población.
La política es clara: primero los bolivianos, primero la alimentación, primero la justicia social.
