Mientras los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron autoprorrogarse en su mandato hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos a jueces y el Órgano Electoral lleve adelante los comicios judiciales, el gobierno del presidente Luis Arce reafirmó que no emitirá ningún decreto para extender el mandato de las autoridades judiciales.
A escasos días de que los magistrados concluyan sus funciones, el Ejecutivo ha sido claro al asegurar su compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado.
Este anuncio surge en medio de la paralización del proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ha persistido desde el 13 de abril de este año.
Por mandato constitucional, las elecciones de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP debían desarrollarse este año. Sin embargo, el primer proceso de preselección de los postulantes que inició la Asamblea Legislativa naufragó por observaciones sobre su constitucionalidad.
A pesar de que se aprobó un nuevo reglamento, la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, lo que generó un nuevo estancamiento en el Legislativo.
En las elecciones judiciales se deberá elegir a 23 magistrados y tres consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones su posición de no emitir un decreto para ampliar las funciones de los magistrados, y el presidente Luis Arce ha subrayado su respeto y cumplimiento de los mandatos constitucionales. No obstante, ha dejado claro que considera que el problema en el sistema no se resolverá mediante una elección judicial.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha responsabilizado al Legislativo por no cumplir con sus deberes de manera oportuna. Mientras tanto, esta instancia se encuentra en la búsqueda de una solución que se ajuste al mandato constitucional.
La postura del Gobierno refleja su compromiso con el respeto a las normas fundamentales del país, aunque persisten desafíos en el ámbito legislativo que han llevado a una situación de incertidumbre en torno a la conformación de las nuevas autoridades judiciales.
La ciudadanía aguarda una resolución que garantice la estabilidad institucional y el cumplimiento de los principios democráticos establecidos en la Constitución.
