El pronunciamiento de la X Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en respaldo al gobierno constitucional de Bolivia y en condena al golpe de Estado fallido del 26 de junio, liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, no es un hecho aislado.
Este posicionamiento se suma a una ola de apoyo internacional que incluye al Mercosur, la Comunidad Andina, la Unión Europea, y diversos líderes y organismos mundiales, lo que refleja un consenso global en defensa de la democracia boliviana.
La unanimidad de estas condenas internacionales subraya la gravedad del intento de subversión del orden constitucional en Bolivia.
El hecho de que organizaciones regionales con diversas orientaciones políticas coincidan en su rechazo a la asonada militar del 26 de junio es un testimonio poderoso de la importancia que la comunidad internacional otorga a la estabilidad democrática en América Latina. Sin embargo, la declaración del ALBA-TCP va más allá de la mera condena, ya que alerta sobre los peligros que aún acechan al gobierno del presidente Luis Arce.
La denuncia de una "guerra híbrida" que incluye acoso mediático, bloqueo económico y agresiones políticas destinadas a desacreditar al Gobierno boliviano plantea preocupaciones serias sobre la estabilidad a largo plazo del país.
Es particularmente alarmante la mención de un posible "acortamiento del mandato constitucional" de Arce.
Esta advertencia debe ser tomada con la máxima seriedad, no solo por Bolivia, sino por toda la comunidad internacional.
Los intentos de socavar Gobiernos democráticamente elegidos a través de medios no constitucionales representan una amenaza no solo para Bolivia, sino para la estabilidad democrática de toda la región.
La exigencia al presidente argentino, Javier Milei, para que cese sus "agresiones" contra Bolivia añade una dimensión diplomática compleja a la situación.
La postura de Milei al poner en duda la realidad del intento de golpe no solo lo aísla en el concierto de naciones, sino que también plantea interrogantes sobre su compromiso con los principios democráticos regionales.
El llamado del ALBA-TCP a sus embajadores para desarrollar una campaña de información global sobre la situación en Bolivia es un paso necesario. La verdad sobre lo ocurrido el 26 de junio y las amenazas actuales a la democracia boliviana deben ser conocidas y comprendidas a nivel mundial.
La exhortación a los movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas e intelectuales a mantenerse en "vigilia" es particularmente significativa.
La defensa de la democracia no puede ser delegada únicamente a los Gobiernos y organismos internacionales; requiere la participación activa y consciente de la sociedad civil.
El respaldo internacional al gobierno de Arce y la condena unánime al intento de golpe son pasos importantes.
