Han pasado tres años desde la detención de la exsenadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta en noviembre de 2019, y aún las heridas causadas por su corto y sangriento régimen siguen abiertas en el corazón del pueblo boliviano.
Las víctimas de su administración claman por justicia, un reclamo que resuena con fuerza en todo el país.
Los trágicos sucesos de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, están grabados en la memoria colectiva como episodios oscuros en la historia reciente de Bolivia.
En Senkata y Sacaba una veintena de civiles desarmados perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante operaciones represivas perpetradas bajo el manto de un gobierno de facto.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado concluyó y arrojó pruebas contundentes que señalan la responsabilidad de altos mandos policiales y militares, así como del propio Ejecutivo de Áñez, en la planificación y ejecución de estas operaciones que resultaron en la pérdida de vidas humanas inocentes.
En Sacaba, el puente Huayllani se tiñó de sangre el 15 de noviembre de 2019, cuando la represión desmedida de las fuerzas de seguridad cobró la vida de diez personas y dejó a decenas de manifestantes heridos. En Senkata, apenas cuatro días después, la población civil sufrió una embestida similar, con un saldo igualmente trágico de diez ciudadanos muertos y numerosos heridos.
El legajo probatorio recopilado por la Comisión de Fiscales es abrumador: informes, testimonios, dictámenes periciales y entrevistas dan cuenta de la violencia injustificada ejercida contra ciudadanos desarmados que ejercían su legítimo derecho a la protesta. Es hora de que la justicia actúe con firmeza y determinación.
El clamor del pueblo boliviano es claro y contundente: exige verdad y justicia. No podemos permitir que los responsables de estos actos atroces queden impunes. La democracia y el Estado de derecho exigen que se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, sin distinción ni privilegios.
La memoria de las víctimas de Senkata y Sacaba merece respeto y dignidad. Honremos su memoria con un compromiso inquebrantable: el de construir un país donde los derechos humanos sean respetados y la justicia sea un pilar fundamental de nuestra sociedad.
Es momento de mirar al futuro con esperanza, pero también con determinación. Bolivia no puede avanzar si no confronta su pasado y asegura que los crímenes del pasado no se repitan. La verdad y la justicia son el camino hacia la reconciliación y la paz duradera. Es hora de que el Estado boliviano responda al clamor de su pueblo.
