A pocos días de cumplirse un mes del fallido golpe de Estado del 26 de junio, el gobierno del presidente Luis Arce está demostrando un compromiso con la transparencia y el Estado de derecho.
La colaboración de los ministros del gabinete con las investigaciones del Ministerio Público señala un avance en el esclarecimiento de los hechos que pusieron en jaque a la democracia boliviana.
La decisión del Ejecutivo de prestar declaraciones ante la Fiscalía no solo es un gesto de apertura, sino también un ejemplo de cómo deben actuar las instituciones en un sistema democrático.
El ministro Eduardo Del Castillo, al confirmar que él y otros miembros del gabinete han comparecido ante el Ministerio Público, envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, y todos los ciudadanos, independientemente de su cargo, deben colaborar con la justicia.
Es particularmente encomiable que el Gobierno esté dispuesto a compartir su versión de los hechos, especialmente considerando la gravedad de lo ocurrido.
Los relatos de los ministros sobre los momentos de tensión vividos en la Casa Grande del Pueblo, con tanques embistiendo las puertas del Palacio Quemado, subrayan la magnitud del peligro que enfrentó la democracia boliviana.
Las revelaciones sobre la planificación del golpe desde marzo pasado, incluyendo cursos de desplazamiento urbano de blindados e intentos de cooptar a la Policía, son alarmantes. Sin embargo, el hecho de que esta información esté saliendo a la luz es una señal positiva de que las instituciones están funcionando y que se está llevando a cabo una investigación seria y profunda.
El anuncio del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sobre los sumarios en marcha tanto en la justicia ordinaria como en la militar, augura también un proceso integral que no dejará cabos sueltos. La promesa de determinar responsabilidades y sanciones es fundamental para prevenir futuros intentos de subvertir el orden constitucional.
Es importante señalar que el intento de golpe del 26 de junio fue frustrado gracias a la intervención del presidente Arce, la movilización ciudadana y la lealtad de sectores clave de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Ahora, la transparencia y la colaboración del Gobierno en las investigaciones posteriores están sentando las bases para una democracia más robusta.
