En sus cinco años de gestión, el gobierno del presidente Luis Arce extremó esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria para los bolivianos ante las amenazas no solo del aumento desproporcionado de precios, sino también de eventuales desabastecimientos de productos básicos de la canasta familiar.
A pesar del feroz ataque especulativo que llevó a algunos productores, intermediarios y comerciantes inescrupulosos a ocultar aceite, arroz, carne y otros productos básicos para incrementar su precio, el Gobierno nacional demostró que sus gestiones a diversos niveles siempre dieron resultados. Hay que empezar por remarcar un paso crucial: la creación del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria que logró la estabilización de suministro y precios gracias al trabajo permanente en tres niveles: i) producción: acuerdos con agroindustriales para que abastezcan el mercado interno antes de exportar; ii) intermediarios: control para evitar el desvió al contrabando a la inversa y iii) comerciantes: inspecciones para verificar que reciban los productos y así evitar el agio y ocultamiento.
Dicho esto, amerita repasar los factores que pusieron en riesgo la seguridad alimentaria y, acto seguido, las soluciones en marcha. Al menos cinco motivos ajenos a la voluntad del Gobierno causaron eventuales subidas de precios de algunos productos: i) crisis climática: las recurrentes sequías, heladas e inundaciones afectan las cosechas y la normal actividad agropecuaria; ii) presión externa: la inflación a nivel regional y mundial causa incremento excesivo en los costos de insumos y productos importados; iii) agio: proliferan inescrupulosos que aprovechan el contexto social y político para lucrar en exceso a costa de la gente; iv) contrabando a la inversa: cada vez más industriales e intermediarios son cómplices de la salida ilegal de mercadería por la que pagan más en otros países; v) bloqueos: las injustificadas movilizaciones y cortes de ruta del evismo generaron alza en los costos de producción y en los precios al consumidor.
En respuesta a esta situación, el Gobierno puso en marcha diversas estrategias de solución a corto y largo plazo; en el primer caso, estas se centran en la distribución: mejorar los mecanismos para que los productos lleguen directo del agricultor al consumidor a precios justos, mediante ferias barriales y municipales, y en las más de 100 agencias de Emapa en todo el país. Pero son las soluciones a largo plazo las que sentarán un precedente y marcarán un legado: industrialización: la mayoría de las 172 plantas que se implementan en todo el país son para transformar y darle valor agregado a productos agropecuarios; producción: desde 2020, el Gobierno lanzó 19 programas nacionales para el sector, que van desde apoyo en infraestructura (pozos, sistemas de riego, presas), hasta subvención de insumos (maíz para avícolas y porcinocultores; harina para panificadores), pasando por el seguro agrario y la dotación de semillas y fertilizantes.
