El 99% del pueblo boliviano repudia la mentira —venga de donde venga—; pero el restante 1% que dicen ser políticos salvadores de la democracia y de la Patria —politiqueros— utiliza la mentira por intereses personales y de grupo, difundiéndolas por todos los medios a su alcance, con la finalidad de desinformar, manipular y desestabilizar, como lo hicieron los autores intelectuales y materiales en el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez.
El Censo de Población y Vivienda confiable y beneficioso para la Patria, realizado el 23 de marzo por jóvenes censistas voluntarios, hombres y mujeres patriotas, avalado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Desarrollo (Celade) y otros organismos internacionales, lamentablemente no tuvo la colaboración real de los políticos que realizaron y apoyaron el bloqueo de 36 días originado en Santa Cruz, quienes actuando con la prepotencia y soberbia que les caracteriza querían obligar a gran parte del pueblo boliviano a hacerse censar donde dichos politiqueros querían, presintiendo no ser la mayoría que decían ser; esa conducta de tales politiqueros no solo carece de respaldo legal, sino que viola el derecho civil y político a la libertad de decisión y circulación prevista en el Art. 21. 7 de la Constitución Política del Estado, que textualmente dice: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”, cuyos derechos también están previstos en el Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Art. 22. 1 y 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que son inviolables por mandato del Art. 22 de la misma Constitución, disposiciones legales ignoradas por los mentados politiqueros; solo faltaba que les prohíban a pensar diferente a lo que piensan ellos y obligarles a creer lo que ellos creen, como obligaban los curas en las Cruzadas y la Inquisición, hasta matarlos.
Es más, dichos politiqueros, por los resultados del censo, ya están lanzando mentiras diciendo que no es confiable, es fraudulento, que tiene fines de persecución política, que viola la privacidad de las personas, por la distribución de escaños, por la coparticipación tributaria, la reconfiguración del Padrón Electoral, por la desigualdad del valor de los votos urbanos con los del área rural, entre otras, basadas en susceptibilidades y especulaciones antojadizas, relacionadas con el éxodo de collas de Santa Cruz y de campesinos a las poblaciones y comunidades donde nacieron —al respecto conviene leer el EXODO Best Sellers de Leon Uris—; mentiras que, analizadas con detenimiento, nadie puede creer, como ocurrió con la mentira lanzada por los golpistas en Santa Cruz el domingo 10/Marzo/2024 que gritaron: “DIOS LO ESTÁ TRAYENDO AL GOBERNADOR A SU TIERRA”, deseando verlo al día siguiente en la bella Santa Cruz a su gobernador Luis Fernando Camacho —detenido en Chonchocoro—, pero nadie vio convertida en realidad esa mentira.
Al lanzar mentiras de ese calibre, repetida y públicamente, como hacen dichos políticos, se ofende a la inteligencia de la persona, se humilla al pueblo, y se viola el honor y la dignidad de las personas, garantizados por los Arts. 15, 21. 2, 7, y 22 de la Constitución Política del Estado; máxime si el pueblo se da cuenta de la finalidad desestabilizadora de las mentiras.
En conclusión, con mentiras de esa naturaleza y su finalidad queda al descubierto que los intereses políticos de los golpistas y la derecha fascista es implantar el miedo después de los resultados del censo, como estrategia política para que sus mentiras sean eficaces, y así dar un golpe de Estado para ser impunes por los delitos que cometieron, ya que intuyen que perderán escaños; golpe que debe evitarse por todos los medios lícitos posibles, por el Ministerio Público, que debe realizar las investigaciones, aprehensiones e imputaciones pertinentes a los autores intelectuales, autores materiales, cómplices y encubridores, con el debido proceso, aplicando la Ley 1970 Código de Procedimiento Penal en sus artículos pertinentes, el Art. 14 de la Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, y el Art. 20 del Código Penal, que define claramente a quienes se considera autores.
