Aferrada al poder, la exabogada y exvicepresidenta de Pedro Castillo, quien defendía los intereses populares, de los indígenas, Dina Boluarte y la coalición que gobierna Perú sin legitimidad y con impunidad ante la violación a los derechos humanos, continúa reprimiendo y amedrentando, no solo contra el pueblo peruano ante las denuncias de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, la propia ONU, que han denunciado el genocidio, tras los asesinatos de 70 personas en las manifestaciones para exigir su dimisión; ahora culpa a todo migrante, cortándoles el paso, declarando “estado de emergencia” en siete regiones fronterizas, militarizándolas.
Desde la destitución, informal, irregular, ilegal, sin defensa ni ante juicio político del presidente Pedro Castillo, sin moción y sin contar con los votos necesarios, incumpliendo con el reglamento del Congreso y de la Constitución, que después fue detenido arbitrariamente violando normas y leyes —violación al Pacto de San José de Costa Rica—, de acuerdo con su abogado Guido Leonardo Croxatto, el 7 de diciembre de 2022 hasta abril de 2023; los ciudadanos han participado en más de 1.500 manifestaciones, sobre todo en zonas pobres del sur, para exigir un adelanto electoral, la restitución de Pedro Castillo, una nueva Constitución y la renuncia de Dina Boluarte.
Sin embargo, el Ejecutivo y el Congreso que gobierna Perú, el cual está conformado con ministros de ultraderecha que dominan el legislativo, como el presidente del Parlamento, José Williams, un general del Ejército en retiro —que participó en acciones contra el terrorismo durante los 20 años de conflicto armado interno en Perú— y otros dos parlamentarios sumamente autoritarios, que son almirantes jubilados de la Marina, al igual que otros miembros de la coalición que encabeza Boluarte, mantienen la posición de quedarse hasta el fin del mandato, es decir, hasta 2026.
El régimen de Boluarte aseguró que las protestas ocurridas en los últimos meses fueron organizadas por terroristas, grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal o extranjeros; sin embargo, debemos recordar que en febrero de 2023 la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, reconoció a The New York Times que no tenían pruebas, ni evidencias de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos delincuenciales, denotando con ello la debilidad del sistema político en la coordinación y toma de decisiones; así como desenmascarándose el verdadero rostro tirano de su régimen sangriento.
Mantenerse en el poder sobre la sangre derramada de más de 70 muertos, fruto de las políticas inmisericordes e inhumanas, cuyo único fin es sostener un poder ilegítimo, es una muestra de que todavía la Patria Grande no está libre de regímenes autoritarios —aun en pleno siglo XXI—, quienes como el de Boluarte por añadidura son sospechosos por lavado de activos, organización criminal y financiamiento ilícito, actualmente investigados por la Fiscalía peruana.
El informe de HRW evidenció con pruebas que los civiles no representaban un riesgo durante las movilizaciones, sino que el uso de armas letales fueron las que provocaron la pérdida de vidas o las lesiones graves. También manifiesta la investigación que Boluarte —jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales— y sus ministros no son los únicos que buscan impunidad ante estas graves violaciones a los derechos humanos, están también los militares en retiro que gestionan sus intereses en el Congreso, al igual que existen una serie de pactos entre grupos de interés y algunas mafias que controlan ciertas partes del poder ligados como siempre a la Casa Blanca.
Con todo ello, vemos que el pueblo peruano todavía debe continuar su lucha por recuperar nuevamente la democracia y elegir un gobierno que los represente, como lo señaló el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, al igual que Gustavo Petro, el de la Argentina y su homólogo López Obrador; quienes respaldan a Pedro Castillo y desconocen la gestión de Boluarte, quien se encuentra desacreditada por el 71% de la población. Y ante la crisis migratoria, debe poner una solución humanitaria; pues nadie es dueño de un país, y así como Toledo, Fujimori, más temprano que tarde Dina Boluarte será procesada y sancionada por los asesinatos en Ayacucho, Puno, Juliaca, Cuzco, y todo el pueblo que exige justicia y no impunidad, “la justicia llega, aunque tarde”.
