Está más que suficientemente demostrado que la incursión violenta del personal policial y militar ecuatoriano en la sede de la Misión de la República Mexicana en la República del Ecuador, con sede en Quito, constituye una violación flagrante e inexcusable de la Soberanía Mexicana —cuyas instalaciones se consideran parte de su territorio.
Agravado por el secuestro a mano armada del asilado exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, el trato vejatorio dado al personal diplomático mexicano y los daños físicos a las instalaciones de ese edificio calificado como inviolable por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención Sobre el Derecho de Asilo, de Caracas, en 1954, de las cuales son Estados Parte Ecuador y México.
Siendo así, lo importante hoy es desentrañar los motivos, causas y razones para que el novel presidente Noboa se haya atrevido a violar una norma sacra de las vida de los Estados con el fin de sacar de la sede diplomática extranjera a un dirigente político que cumplió elevadas funciones de Estado como Vicepresidente del país y que, para el momento en que se produjo la ilícita incursión armada ecuatoriana ya tenía carácter de asilado político, otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Las versiones sobre esta sorprendente decisión del Gobierno ecuatoriano son diversas y van desde la juventud impulsiva e inexperiencia del presidente Javier Noboa, hasta la decisión de los círculos del viejo poder oligárquico de continuar la “limpieza política” del partido Revolución Ciudadana, fundado por el hoy exiliado expresidente Rafael Correa, objeto de una persecución judicial implacable durante el gobierno del traidor presidente Lenín Moreno, continuada en la truncada presidencia del banquero Guillermo Lasso y, ahora continuada, por el bananero Javier Noboa; sin dejar de considerar la baja en la favorabilidad de su ejercicio de gobierno afectado por la inseguridad, crisis económica y el aumento de la emigración, los malos pronósticos sobre los referendos a votarse el 21 de abril próximo, las muy importantes elecciones de 2025 para la Presidencia de la República del Ecuador y las infaltables influencias geopolíticas de sus tutores del Gobierno de Estados Unidos, interesados en su dócil continuación al frente del país.
Excluido el desconocimiento de los tratados y convenios sobre la materia diplomática y, asumiendo que una decisión tan grave de ese tipo obliga a todo Jefe de Estado —más si es inexperto como Javier Noboa— a la consulta serena sobre las consecuencias para los intereses del Estado, pareciera que la decisión de agredir a un Estado amigo, pacífico y solidario como los Estados Unidos Mexicanos solo pudo originarse en varias razones y motivos internos de la situación política y social ecuatoriana, donde el sainete político y judicial del expresidente Glass, los poderes fácticos de la economía, la banca, los medios y el lawfare anticorreista, lo han mantenido por más de seis años en el centro del debate político y mediático ecuatoriano, para cumplir el papel de “sombra” de la fuga increíble de dos importantes jefes mafiosos de una cárcel de máxima seguridad, de los juicios pendientes al expresidente Lasso y a su cuñado por peculado, el malestar por el reciente incremento hasta el 15% del IVA y, favorecer la campaña presidencial por el SI, a las 11 reformas constitucionales y legales que restringen derechos civiles y políticos y aumenta el poder discrecional del Estado frente a los ciudadanos, cuyos resultados no son hoy favorables al gobierno de Noboa.
Pero, asumiendo que tan impropio comportamiento sea impulsado por tales motivos y razones, no puede dejar de sorprender que sus autores no tomen en consideración el bochornoso espectáculo que han producido, la indignidad que le han proferido a una República Democrática y las lesiones éticas y políticas que semejante comportamiento le ha propinado al Ecuador en la región latinoamericana y caribeña en donde no ha habido ningún gobierno que se haya atrevido a salir en defensa o justificación de tan vergonzosa conducta, a tal punto que, su mayor aliado americano, Estados Unidos, ha tenido que condenar este incalculable crimen contra el derecho internacional.
Está visto que el derecho de los Estados también sufre los efectos de la crisis de la gobernanza mundial y que, por la gravedad de sus efectos, es necesario que los pueblos valoren mejor las cualidades de sus futuros gobernantes y activen los mecanismos de control del ejercicio de sus delicados poderes.
