La Asamblea Legislativa Plurinacional en pleno, en su sesión del 5 de agosto de 2024 realizada en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de la capital del Estado, aprobó por dos tercios (2/3) de votos los informes y las listas de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Elaborados por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, consiguientemente el presidente nato de dicha Asamblea (David Choquehuanca) dispuso que se remita dichos informes y listas al Tribunal Supremo Electoral a los fines legales consiguientes; en cuyas listas figuran candidatos y candidatas que reprobaron las evaluaciones respectivas, pero podrían ser elegidos y elegidas como magistrados o magistradas para administrar justicia. Situación que obliga al análisis.
Desde hace décadas, la “clase política” y el pueblo en general han censurado la manera de administrar justicia por parte de magistrados y jueces en materia civil, familiar, penal, social… y constitucional en todas sus instancias, al punto de no confiar en ellos y calificarlos de corruptos, porque en sus fallos o resoluciones no observan las disposiciones legales pertinentes y no aplicaban correctamente las leyes —cometiendo delitos de prevaricato—, dando lugar a la injusticia que sufre el pueblo boliviano por la impunidad de graves delitos, como los cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y el gobierno de facto de Jeanine Añez —entre otros—; pese a ello, los senadores y diputados ya aprobaron políticamente las listas para nombrar a los magistrados en las próximas elecciones judiciales, cuya aprobación resulta ser eminentemente política y ajena a la meritocracia, realidad que permite ver que no cambiará en nada el descrédito en el que se encuentra actualmente la administración de justicia, más bien se vislumbran sombras y nubarrones negros para la justicia, porque nadie puede decir que esa aprobación de los informes y las listas no fue política.
Resultando así, violado el PRINCIPIO DE IDONEIDAD previsto en el Art. 3.6 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial que al respecto dice: “Idoneidad. La capacidad y experiencia son la base para el ejercicio de la función judicial…”, porque los postulantes que reprobaron y pese a ello están en las listas, carecerían de capacidad y experiencia; cuya falta de capacidad y experiencia hace a su vez inaplicable e inviable el PRINCIPIO DE LEGALIDAD previsto en el Art. 30. 6 de la misma ley, que refiriéndose al trabajo de los magistrados y jueces dice: “Legalidad. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia esté sometido a la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas”, porque sin conocer bien la Constitución es fácil no someterse a la ley.
Es más, la violación del PRINCIPIO DE IDONEIDAD e inaplicabilidad del PRINCIPIO DE LEGALIDAD transcritos, a su vez, hacen imposible la aplicación del PRINCIPIO DE EFICACIA previsto en el Art. 30. 7 de la citada Ley 025 que dice: “Eficacia. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia”; en consecuencia, no se puede augurar un buen futuro para la justicia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
Por si fuera poco, resulta también violado el PRINCIPIO DE PROBIDAD previsto en el Art. 178. I. de la Constitución Política del Estado, concordante con el inc. 4 del Art.30 de la citada Ley 025; porque la probidad está íntimamente relacionada con la honradez y conocimiento, valores que son contrarios a la corrupción que se les acusa a los magistrados y jueces —salvo honrosas excepciones— desde hace tiempo, porque los políticos y el pueblo en general se preguntan: ¿Qué grado de idoneidad y probidad tienen los magistrados, vocales y jueces?
De esa verdad, el fruto de la aprobación de dichos informes y listas parece ser el FUTURO NEGRO PARA LA JUSTICIA salvo error u omisión de otras verdades, peor aún si las elecciones judiciales no se realizarán porque los políticos opositores al gobierno constitucional y legítimo de Luis Arce Catacora le tienen miedo al REFERÉNDUM planteado el 6 de agosto, sabiendo que en democracia se gobierna con el pueblo y para el pueblo, participando y decidiendo. ¿Si al referéndum le tienen tanto miedo, cuánto miedo le tendrán a las elecciones generales?, donde el pueblo participará y decidirá. ¿Será por ese miedo que no cesan en sus afanes golpistas para acortar el mandato del Presidente? Veremos cómo actúa la justicia al respecto.
Por: Armando Aquino Huerta
