En este artículo se analizarán las causas principales detrás de los incendios y la deforestación en Bolivia, dejando de lado las campañas ecologistas que, impulsadas por intereses clasistas, racistas y capitalistas, desvían la atención de los problemas estructurales.
Si bien las protestas contra la destrucción del bosque tienen motivos válidos, no mencionan el negocio agroindustrial como causa del problema.
La agroindustria como motor del “modelo de desarrollo cruceño” se ha consolidado en Bolivia, basado en la explotación incesante del suelo. La expansión de la frontera agrícola es impulsada sobre todo por grandes productores agroindustriales que, mediante prácticas como los chaqueos (quemas de tierras), buscan maximizar sus beneficios privados. Estos incendios, provocados para desbrozar terrenos, no solo tienen consecuencias devastadoras para el medioambiente, sino también para la vida humana y la calidad de vida del resto de la población.
La dinámica subyacente en este contexto es clara: la agroindustria implica la mercantilización de bienes comunes naturales: “el poder no-indígena y citadino frente a las poblaciones indígenas-campesinas, y el poder de la inversión privada frente a las instituciones colectivas” (Bebbington, 2011, pp. 30-31). Los grandes productores de soya, caña y ganado, especialmente en Santa Cruz, controlan vastas extensiones de tierra y operan dentro de un marco normativo permisivo desde el Plan Bohan (17-12-1941), un punto de inflexión en el desarrollo de Santa Cruz. Este modelo de desarrollo beneficia a la fracción agroindustrial, un grupo de poder que ha sido históricamente favorecido por políticas neoliberales, que consolidaron la propiedad y acumulación de capital en manos privadas a través de la condonación de deudas y la concesión de tierras estatales.
El éxito del “modelo de desarrollo cruceño” se basa en los privilegios que han permitido a la agroindustria acumular capital. Por ejemplo, la industria sojera ha sido beneficiada por una serie de subsidios y políticas públicas, entre los apoyos más representativos destacan las subvenciones en provisión de semillas, agroquímicos y diésel, así como la liberación de impuestos a la exportación, que contrasta con los altos gravámenes que enfrentan los productores de soya en países como Paraguay, Brasil y Argentina. Los productores bolivianos solo pagan el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), equivalente a 29,07 Bs por hectárea al año, una cifra insignificante en comparación con las ganancias por hectárea, que superan los 1.146 dólares.
A esto se suman otros incentivos, como la exención del IVA para la importación de maquinaria agrícola, los créditos blandos otorgados a través del Fondo de Inversión de 150 millones de dólares y las facilidades crediticias. Estas medidas, junto con subsidios indirectos como precios preferenciales de gas y electricidad, consolidan el apoyo estatal a un sector agroindustrial que, a pesar de su alto rendimiento económico, sostiene una relación de “tira y afloja” con el Estado, negociando la preservación de sus privilegios a cambio de no desestabilizar al Gobierno. En 2019, por ejemplo, el mismo sector agroindustrial que provocó incendios forestales respaldó movimientos “ecologistas” que responsabilizaban al Gobierno de los desastres ambientales, desviando la culpa de los verdaderos responsables y protegiendo sus propios intereses.
La burguesía agroindustrial cruceña desde hace décadas ha monopolizado los recursos, utilizando su poder económico para manipular la legislación en su favor y consolidar su dominio sobre vastas extensiones de tierra. Este control no solo se traduce en el despojo directo de tierras, sino también en acuerdos abusivos que obligan a las comunidades indígenas a alquilar su territorio bajo condiciones injustas. A menudo, estos contratos son violados sin repercusiones para los grandes inversores, quienes se justifican con malas cosechas o pérdidas económicas. Mientras tanto, las comunidades indígenas y campesinas, especialmente las de tierras bajas, como los guaraníes, ayoreos y chiquitanos, sufren las consecuencias del despojo y la destrucción de su medio de vida, viéndose obligadas a desplazarse. En comunidades como Cupesí Poza Verde, el 80% del territorio ha sido deforestado, lo que ha dejado a los pobladores sin opciones más allá de ceder sus tierras a productores soyeros.
Los incendios forestales y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas son solo algunos de los síntomas de un “modelo de desarrollo cruceño” que prioriza la acumulación de capital de un sector sobre el bienestar común. Solo un cambio estructural que cuestione la lógica de acumulación de capital y priorice el bienestar colectivo sobre las ganancias privadas puede ofrecer una solución a largo plazo.
Referencias: Bebbington, A. (2011). Social Movements and the Politicization of Chronic Poverty. Zed Books.
Escrito por Nayra Agreda.
