La persistente crisis en Palestina no solo revela un conflicto regional, sino también una profunda falla del sistema jurídico y político internacional, ya que, desde la partición propuesta por la ONU en 1947 hasta la actualidad, las resoluciones del Consejo de Seguridad y organismos internacionales han sido sistemáticamente ignoradas, lo que en evidencia una grave crisis institucional que afecta la justicia global y la paz en Medio Oriente.
En 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 que proponía la partición de la tierra árabe en dos estados: uno judío y otro árabe, sin embargo, esta resolución nunca se cumplió plenamente, lo que desencadenó décadas de conflicto y desplazamientos.
Posteriormente, la Resolución 242 de 1967 reiteró la necesidad de que Israel se retirara de los territorios ocupados y respetara la soberanía de sus vecinos, pero tampoco ha sido respetada en su totalidad, al igual que la Resolución 486 de 1981, que condenaba la demolición de viviendas palestinas.
Las cortes internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, han intentado intervenir en la crisis palestina, por ejemplo, el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica inició un proceso contra Israel ante la CIJ, alegando que las acciones israelíes en Gaza constituyen genocidio en violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la cual ambos estados son signatarios, en respuesta, la CIJ emitió órdenes provisionales vinculantes, incluyendo la suspensión inmediata de operaciones militares israelíes en Gaza y la protección de la población palestina.
Por otra parte, el CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto en Gaza.
La situación humanitaria en Gaza es crítica ya que el bloqueo impuesto desde 2007 ha generado una crisis sanitaria y social sin precedentes, con poblaciones que sufren hambre, ausencia de servicios médicos y condiciones insalubres, en esa línea la flotilla Sumud, —una iniciativa internacional para romper este cerco— ha enfrentado la violencia israelí, poniendo en riesgo a quienes intentan generar esperanza y apoyo a los gazatíes.
Los datos del Ministerio de Salud de Gaza y organizaciones defensoras de derechos humanos revelan que más de 66,100 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023 como consecuencia de acciones militares israelíes, muchas veces contra población civil, incluidos niños, mujeres y ancianos.
El papel de Estados Unidos en este escenario es determinante, a pesar de su declive relativo, sigue respaldando a Israel con armamento y apoyo político, frenando cualquier iniciativa de paz efectiva en el Consejo de Seguridad, siendo que esta alianza conlleva a un estancamiento que amenaza la estabilidad regional y global, con riesgos crecientes de escalamiento bélico, pues Israel es reconocido como potencia nuclear no declarada, lo que añade un elemento de extrema peligrosidad al conflicto.
La dimensión global de esta crisis está marcada por el potencial de que los conflictos se extiendan a otras regiones árabes y más allá, impulsado por dinámicas de confrontación entre potencias emergentes como China, India y Pakistán, en un contexto mundial ya tensionado.
Frente a esta realidad, la comunidad internacional enfrenta una encrucijada histórica: optar por la indiferencia que agrava el sufrimiento de millones o actuar con responsabilidad y firmeza para exigir el cumplimiento del derecho internacional y detener un proceso genocida.
La defensa de los derechos humanos y la justicia internacional deben prevalecer sobre los intereses geopolíticos y económicos de élites que miran hacia su poder y riqueza sin atender el drama humano.
El caso de Palestina es un llamado urgente a la humanidad para detener la deshumanización, exigir respeto a la soberanía, la autodeterminación y proteger a civiles vulnerables.
La flotilla Sumud y otros movimientos simbólicos representan la esperanza y la resistencia frente a un sistema que hoy muestra sus mayores omisiones y fallas, por ello, es momento de que los Estados libres y las organizaciones internacionales recuperen su compromiso con la paz y la justicia, antes de que el conflicto derive en una escalada irreversible que ponga en riesgo el futuro global.
Por: Roberto Chambi Calle/
