Los políticos de la derecha fascista neoliberal, considerándose ganadores de las elecciones generales de 2025, después de gritar inútilmente ¡Liberen a Camacho! el 28/XII/2023 en una misa y caravana política, ya están amenazando con poner en libertad a Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y a todos los detenidos legalmente por los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, enjuiciados en el caso Golpe de Estado I y Golpe de Estado II; para lograr su objetivo, dicen estar listos a realizar paros, marchas, bloqueos y cabildos. Amenaza imperdible de ser analizada, porque de hecho es merecedora del “voto castigo” se mire con el cristal con que se mire.
Esa amenaza, difundida por las redes sociales y los medios de comunicación en la etapa preelectoral que vivimos, se puede ver que es fruto de la ignorancia supina del Art. 108.1. de la Constitución Política del Estado que dice: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, del Art. 5 del Código Penal que dispone que la ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, del Art. 171 del mismo Código que tipifica el delito “Encubrimiento” al hecho de ayudar a alguien a eludir la acción de la justicia, del Art. 181 del citado Código Penal que tipifica como delito de “Favorecimiento a la evasión” tal amenaza; además viola los Art. 3 y 228 del Código de Procedimiento Penal que legislan sobre la independencia de los jueces quienes definen la situación procesal de los detenidos; viola también los Arts. 3.2, 11, 12 y 31 de la Ley 025 que establecen la competencia, jurisdicción e independencia de las autoridades judiciales; por si fuera poco, la amenaza que nos ocupa ignora totalmente los Arts. 14.2. y 29.2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los Arts. 7.5. y 32.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son concordantes con las disposiciones legales citadas.
En consecuencia, tales detenidos, procesados, enjuiciados y sentenciados no pueden ser considerados presos ni perseguidos políticos desde ningún punto de vista, porque los delitos cometidos por ellos están probados por los informes irrebatibles de la Universidad de Salamanca, la fundación Carolina de España, del New York Times, The Washington Post, del GIEI-BOLIVIA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la abundante prueba de cargo; por eso los llamados presos políticos no son tales, son autores de delitos por imperio de los Arts. 20 y 22 del Código Penal, y como tales deben estar detenidos por mandato de los 227.1), 230 y 233 del Código de Procedimiento Penal. No pueden ser puestos en libertad como amenazan los referidos políticos, porque son participantes activos de delitos y como tales no están comprendidos dentro los alcances de la presunción de inocencia. Sin cometer delitos no se puede poner en libertad a dichos golpistas.
Con la referida amenaza, los mentados políticos estarían diciendo que no les interesa violar las leyes ni que las víctimas de los delitos que cometieron los supuestos presos políticos sean olvidadas, sino lo que les interesa es que los autores de los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, acusados y enjuiciados en el caso Golpe de Estado I y Golpe de Estado II sean puestos en libertad y queden impunes. Esa clase de políticos son peligrosos para el Estado Plurinacional de Bolivia, porque equivale a gobernar sin respetar las leyes y ejecutar caprichos. Ello nomás hace merecedor al “voto castigo” en las próximas elecciones, peor si recordamos que los mismos políticos el 28/XII/2023 realizaron una misa y caravana política en Santa Cruz, exigiendo liberar a Luis Fernando Camacho diciendo que era preso político secuestrado, y durante los 36 días de paro y bloqueo con actos terroristas en Santa Cruz —entre el 22 de octubre y 26 noviembre de 2022— cometieron delitos causando un daño económico de $us. 140 millones más o menos. No se conquista así el voto del pueblo.
El 99,9% de las bolivianas y los bolivianos sabemos que es legal que los delincuentes deben ser aprehendidos, detenidos preventivamente y deben estar encarcelados, por ser un peligro para la sociedad; por lo mismo ninguna ley permite la libertad de los delincuentes porque para ello están las cárceles. Esa amenaza inequívocamente tiene la finalidad de que los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, juzgados en el caso Golpe de Estado I y Golpe de Estado II, y los cometidos durante el paro y bloqueo de 36 días referido, queden impunes. Por ello es amenaza delictiva.
Finalmente, no habiendo ley que permita poner en libertad a los golpistas de 2019, ni a los 300 supuestos presos políticos legalmente detenidos; resulta ser estúpida, delictiva y atrevida tal amenaza. Dichos políticos están condenados a perder las elecciones generales de 2025, a no ser que retiren su amenaza y digan lo contrario.
Por: Armando Aquino Huerta
