Bolivia conmemora este 6 de agosto dos siglos de vida independiente. Sin embargo, para los pueblos, indigenas, esa independencia sigue siendo una promesa inconclusa. No solo fueron protagonistas invisibilizados en las gestas libertarias previas a 1825 desde Túpac Katari hasta Juana Azurduy, sino que, incluso después de la fundación de la República, fueron condenados a la exclusión, la negación y la subordinación por parte de un Estado que nunca los reconoció como sujetos políticos plenos.
La historia oficial ha construido una narrativa de “unidad nacional” sobre el silenciamiento de la diversidad cultural. Durante casi dos siglos, el Estado boliviano negó su raíz indígena y campesina, relegando a sus pueblos originarios a los márgenes del poder. Solo con el inicio del llamado Proceso de Cambio, a comienzos del siglo XXI, los pueblos indígenas empezaron a ocupar, aunque de forma parcial y contradictoria, un lugar en la institucionalidad del Estado.
Ese Proceso de Cambio, impulsado desde el MAS-IPSP, prometía una transformación profunda. La Constitución de 2009 reconoció el carácter plurinacional del Estado, así como el derecho a la autodeterminación, al autogobierno y al territorio. No obstante, esa promesa hoy atraviesa una crisis. Las fracturas internas, el verticalismo, el caudillismo y la utilización instrumental del discurso indígena han vaciado de contenido muchas de las conquistas logradas por la movilización popular.
La actual coyuntura electoral revela un retroceso aún más alarmante: candidaturas de extrema derecha que promueven abiertamente la eliminación de la pluralidad reconocida por la Constitución. Buscan reinstaurar un modelo monocultural, centralista y excluyente, en el que el Estado vuelva a ser homogéneo. En sus discursos, la “unidad nacional” se convierte en sinónimo de uniformidad forzada, y la identidad indígena es percibida como un obstáculo para el desarrollo.
Ante esta amenaza, los pueblos indígenas no se han rendido. Por el contrario, siguen resistiendo desde sus territorios en las calles, en sus autonomías, en cada espacio que han logrado conquistar. Hoy su lucha no se limita a la tierra: también es por la memoria, por la dignidad, por el futuro. Reivindican su derecho a decidir su destino, a gobernarse bajo sus propias normas y procedimientos, y a participar activamente en la construcción de un país verdaderamente democrático y plural.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Bolivia. Ignorar estos compromisos no solo representa un retroceso en el plano interno, sino también una vulneración de obligaciones internacionales que refuerzan la obligación del Estado de garantizar una democracia inclusiva, plural y respetuosa de las identidades diversas.
Doscientos años después, Bolivia sigue siendo una nación en disputa. La emancipación verdadera solo será posible cuando se salde la deuda histórica con los pueblos indígenas. No bastan reconocimientos simbólicos ni discursos conmemorativos. Se necesita voluntad política real, coherente y sostenida para avanzar hacia una democracia intercultural en la que la pluralidad no se tolere como concesión, sino que se reconozca como el fundamento mismo del pacto social.
En este Bicentenario, los pueblos indígenas nos recuerdan que no hay independencia sin autodeterminación, y que no habrá justicia duradera sin memoria, verdad y reparación. Bolivia les debe mucho más que homenajes: les debe un país que los respete, los reconozca y los incluya de verdad.
Por: Mtr.Alexandra Noelia Velásquez Chávez (Abogada)
