Entre 1985 y 2005, Bolivia emprendió una de las reformas más radicales de su historia, el neoliberalismo, una operación instrumentada con un bisturí ideológico.
Se prometió eficiencia, inversión, empleo y modernización. Lo que obtuvimos, sin embargo, fue una paradoja económica de proporciones monumentales: la privatización, cierre y la supuesta capitalización de empresas del Estado que fueron enajenadas a precios de “gallina muerta” y sometiendo a la población absolutamente a las reglas del libre mercado. Recordemos las consecuencias, incrementos desproporcionados superiores al 300% en las tarifas de consumo de agua en Cochabamba, por ejemplo, que provoco la Guerra del Agua.
¿Qué sentido tenía ceder al capital privado las empresas estatales que ya controlaban el 70%, el 80% o incluso el 100% del mercado nacional? En teoría, la competencia mejora la calidad y reduce los precios. Al privatizar esas empresas, simplemente se transfirieron al nuevo dueño, sin alterar la estructura de mercado, lo que les género altos ingresos seguros, en desmedro del consumidor. Se mantuvieron las posiciones dominantes, ahora en manos privadas, sin reguladores eficaces, sin contraprestaciones claras y, lo que es peor, sin retorno sostenido para el Estado.
El DS 21060: La Puerta a la Desestructuración Estatal
El Decreto Supremo 21060, presentado como una medida urgente para controlar la hiperinflación y el déficit fiscal, dio paso a un modelo de libre mercado. Sin embargo, su implementación tuvo un costo social incalculable. La “relocalización” de trabajadores en empresas estatales se tradujo en el despido masivo de más de 23.000 trabajadores entre 1986 y 1990, con un total de aproximadamente 27.000 despidos hasta el año 2000. La reacción del pueblo fue inminente con la histórica Marcha por la Vida, como lo recordamos. Esta medida neoliberal fue justificada para contar, supuestamente, con un Estado más “eficiente”, cuando en realidad solo desestructuró el tejido laboral, incrementando drásticamente el empleo eventual e informal, profundizando las brechas de exclusión y pobreza. El Índice de Gini alcanzó picos de 0.64 entre 2000–2004; la migración campo-ciudad y la informalidad urbana (ferias como la 16 de Julio en La Paz, La Cancha en Cochabamba, Barrio Lindo en Santa Cruz o el mercado Kantuta en Oruro) se dispararon como formas de subsistencia, así como la migración a otros países como ser Argentina, España y Brasil fundamentalmente.
Un Modelo Prometido, un Estado Despojado
Bajo el estandarte de la estabilización macroeconómica, Bolivia vivió una de las mayores entregas de bienes públicos al sector privado de su historia. Desde 1985 se ejecutó un proceso de enajenación de 157 empresas estatales mediante privatización, capitalización o cierre, debilitando la capacidad soberana del Estado para planificar, producir y redistribuir riqueza.
Los ingresos directos por estas privatizaciones fueron marginales, no superando los 100 millones de dólares (equivalentes al 1,5% del PIB de la época). Sin embargo, el verdadero despojo se revela al analizar el perjuicio económico total para el Estado, estimado en más de 10 mil millones de dólares a precios de la época, o 22 mil millones de dólares a precios actuales. Esta cifra representa un asombroso 105% del PIB del año 2005, con esto se evidencia una sangría económica masiva y en este cálculo NO se considera el lucro cesante y los gastos operativos de las instancias encargadas de ejecutar estas transferencias. Por ejemplo, una planta de pollitos BB fue vendida al precio ridículo de 16.320 dólares y el costo de consultoría fue de 21.972 dolores superando la venta de la misma planta, ni qué decir de las demás industrias estatales de mayores dimensiones que NO corrieron mejor suerte. La enajenación de nuestras empresas públicas fue un negocio redondo para reconocidos políticos en función de gobierno del momento, que se beneficiaron de la privatización de manera directa o través de palos blancos.
La narrativa de que la libre contratación generaría empleo digno resultó ser una falacia, reproduciendo y profundizando los niveles de desempleo y la precariedad laboral. La inversión extranjera directa (IED), a pesar de las facilidades otorgadas a las transnacionales, en promedio apenas llego a $us 410 millones año, muy por debajo de la actual IED que alcanzó en promedio los últimos tres años a 914 millones de dólares y los últimos 18 años a 1.063 millones de dólares, lo que desvirtúa el argumento de que la privatización atraería capital fresco para el desarrollo nacional. En este periodo, las tarifas en servicios básicos se dolarizaron afectando al poder adquisitivo, más del 70% de las exportaciones de ese periodo en materias primas, se eliminó el rol productivo directo del Estado, generando desindustrialización y precariedad laboral y una economía cada vez más dependiente del capital transnacional.
Capitalización: ¿Asociación o Enajenación?
Uno de los aspectos más desconcertantes del proceso de enajenación en Bolivia fue la entrega de empresas con altísima participación en sus respectivos mercados, muchas de ellas monopólicas o cuasimonopólicas, sin garantías de regulación ni retorno sostenible para el Estado. En la práctica el discurso oficial que promovió la capitalización como un mecanismo virtuoso para atraer inversión y democratizar la propiedad solo fue un engaño se entregaron activos estratégicos a empresas privadas extranjeras, sin mecanismos eficaces de regulación ni participación real de la ciudadanía. La capitalización fue presentada como una democratización de la propiedad, pero en la práctica los bolivianos no recibieron dividendos sostenibles ni control efectivo, además de escasa transparencia en la ejecución de contratos.
Estas empresas no solo eran líderes de mercado, eran estratégicas para la soberanía económica del país. Su enajenación no respondió a criterios técnicos, sino a criterios políticos, presiones multilaterales y una fe ciega en el mercado.
Mientras tanto, en otros países revalorizan el rol estratégico del Estado como actor económico y la visión es muy distinta; por ejemplo, Chile nunca privatizó CODELCO, su principal empresa minera que en la actualidad aporta el 20% del presupuesto fiscal chileno. Noruega mantuvo mayoría estatal en EQUINOR, su gigante petrolero que financia un fondo soberano de $us 1.400 millones para bienestar social. Francia conserva el control de EDF, esencial para su soberanía energética de su país. Incluso el Reino Unido hoy en día ha puesto en marcha la creación de Great British Railways (GBR), una nueva entidad pública que busca que los servicios ferroviarios regresen al control público a medida que los contratos de franquicia existentes expiren o se rompan. Bolivia, en cambio, en esa época se despojó de activos clave sin siquiera asegurar retornos proporcionales al sacrificio.
La historia necesita una memoria crítica. Privatizar, cerrar y capitalizar empresas no fue modernización y tampoco la solución. Fue, sin más, una forma de saqueo de los bienes del Estado que pertenecían a todos los bolivianos para beneficio de pequeños grupos de poder económico y político, repetir esa receta sería no solo un error, sería una traición a la lucha del pueblo boliviano.
En ese sentido, este año electoral 2025, algunos candidatos insisten en repetir el mismo libreto anterior: liberalización completa de la economía, eliminación total de subsidios. Plantean la privatización y cierre de todas las empresas públicas, la dolarización radical, reducción del Estado a un mero facilitador del mercado, sin capacidad de regulación ni redistribución, reactivar créditos con el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Estas propuestas no solo ignoran las lecciones del pasado y la lucha del pueblo, sino que reeditan el mismo modelo que desmanteló el aparato productivo nacional en beneficio de pocos, que precarizó el empleo y profundizó la desigualdad. Los candidatos que hoy prometen “salvatajes” privatizadores son los mismos que ayer se beneficiaron y enterraron la soberanía boliviana, estos hechos lamentables NO se pueden borrar de la memoria del pueblo y de todos los que vivimos esa faceta lamentable de nuestra historia.
Las propuestas electorales de 2025 no son innovaciones, sino recaídas en un modelo que ya devastó Bolivia. Como advirtió el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), la privatización fue un “robo legalizado” que hipotecó el desarrollo nacional.
Por eso la población debe recordar estos hechos y elegir sabiamente a los gobernantes.
Por: Néstor Huanca Chura/
Exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
